La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) reunida en su XXXV Congreso en Quito, del 1° al 8 de marzo de 2004, expresa su preocupación por la militarización de América Latina auspiciada por los Estados Unidos con la complicidad de Gobiernos locales, estrategias como el Plan Colombia concentrado en zonas de alto valor geoestratégico; la Iniciativa Regional Andina -IRA- que cubre países como Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia Panamá y Brasil, el aumento de la inversión y capacitación en los aparatos militares locales y la extensión de efectivos y bases militares estadounidenses en: Manta (Ecuador), Aruba y Curacao, Comalapa (El Salvador), Liberia (Costa Rica), Nanai y Alto Hullanga (Perú), Vieques (Puerto Rico). La influencia bélica ha tenido una serie de efectos nocivos en la región, entre los que se destaca la destrucción de la democracia por fortalecimiento del poder militar que en América Latina se ha distinguido históricamente por la corrupción, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al DIH que han quedado en la más absoluta impunidad.
La anterior estrategia responde a un fin común: asegurar la zona para acuerdos económicos y el libre desarrollo de mega y macro proyectos como el ALCA y el Plan Puebla Panamá -PPP-, los cuales concentran sus esfuerzos en fortalecer el unilateralismo a través de la consolidación del que sería el bloque económico más importante del mundo, a través de un mayor control recursos naturales de la región, la creación de infraestructura en comunicaciones, industria y comercio, el impulso de monopolios, la imposición de los temas relacionados con la propiedad intelectual, procesos de reconcentración de la tierra, el tránsito libre de capitales trasnacionales, privatización de servicios públicos esenciales, todo esto bajo las directrices del FMI, BM y el BID.
Estos proyectos de desintegración de la Región y los bilaterales que se vienen adelantando en toda América Latina, traen grandes beneficios financieros, políticos, militares a pequeños grupos, cuyos resultados visibles para la población son, el aumento de la pobreza y de la vulnerabilidad de minorías étnicas y campesinas, la limitación de las soberanías nacionales, la degradación del medio ambiente, la militarización de los pueblos y la agudización de los conflictos internos.
Estos planes además tienen un componente antinarcóticos que incluye; la erradicación absoluta de cultivos fuente de sustancias ilícitas por medio de las fumigaciones (con químicos y biológicos altamente tóxicos para las comunidades y sistemas ambiéntales de estas regiones) y falsas promesas de sustitución para pequeños productores cuyo sustento vital depende de ellos. Es necesario subrayar que las altas inversiones militares en estas regiones no se comparan con la inapreciable inversión social, lo que junto al escalamiento de la guerra, vienen generado masivos desplazamientos que estaban perversamente calculados en los gastos financieros del programa.
Los resultados son ya tangibles, la afectación de las economías internas de los países subdesarrollados y por ende el incremento de focos de miseria, la quiebra del pequeño y mediano campesino y empresario, la disminución de los cultivos de consumo interno, el aumento de la importación de productos, así como la degradación del trabajo, lo que apunta al desarrollo de nuevas formas de colonialismo impulsadas a la fuerza o por persuasión coercitiva.
Ante lo anterior la FIDH
Solicita a la Unión Europea y a los ciudadanos estadounidenses rechazar y abstenerse de participar en iniciativas de intervención política y militar en América Latina.
Insta al Congreso Norteamericano a investigar profundamente los efectos nocivos del Plan Colombia y a los gobiernos de la región a actuar en consecuencia con los mandatos de sus pueblos y no de sus intereses personales, suspendiendo la ayuda militar en la Región.
Implementar políticas de responsabilidad compartida frente al problema del narcotráfico, en cada una de las etapas de producción y comercio.
Reclama a los Estados suspender de inmediato las fumigaciones con cualquier sustancia, química o biológica como forma de erradicación de cultivos; a indemnizar justamente a las comunidades afectadas, a concertar con las comunidades la erradicación manual, gradual y voluntaria de los cultivos fuente de sustancias ilícitas, esto de lado de inversiones que garanticen la seguridad alimentaría, la reforma agraria, el retorno con garantías a las poblaciones desplazadas y la infraestructura necesaria para garantizar la integralidad de los derechos a estas comunidades.
Insta a que en la región los conflictos se resuelvan mediante el diálogo y la negociación política, pidiendo cooperación internacional para la paz y no para la guerra.
Reitera el cumplimiento por los Gobiernos Latinoamericanos de proteger, promover y garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos, y en consecuencia atender e implementar las recomendaciones de la OEA, la OIT y la ONU en esta materia.
Así mismo la FIDH se compromete con el fortalecimiento de los lazos de unidad y solidaridad en los movimientos sociales de Latinoamérica para que luchen conjunta y coordinadamente por la autonomía de sus pueblos, la defensa de los recursos naturales, sus territorios y la vida dignidad de sus poblaciones.