El 26 de junio de 2022, el Tribunal Penal de Kosti, en el estado sudanés del Nilo Blanco, condenó a Amal, [1]. una mujer de 20 años, a morir lapidada tras ser declarada culpable de violar el artículo 146 (2) (adulterio) del Código Penal sudanés de 1991.
El Centro Africano de Estudios para la Justicia y la Paz (ACJPS), el Observatorio de los Derechos Humanos de Sudán (SHRM), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y nuestros aliados: el Grupo de Acción de Mujeres de Darfur de Estados Unidos, la organización de Nora para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, No a la Opresión de las Mujeres, REDRESS, Iniciativa Estratégica para las Mujeres del Cuerno de África (SIHA Network) y Acción por los Derechos de las Mujeres Sudanesas (SuWRA) - piden a las autoridades sudanesas que anulen esta sentencia por considerarla un castigo cruel, inhumano y degradante y que garanticen la liberación inmediata e incondicional de Amal.
La declaración constitucional sudanesa de 2019 sigue aprobando el uso de la pena de muerte, incluso para un delito hudud [2]. como el adulterio. Sin embargo, la aplicación de la pena de muerte por lapidación por el delito de adulterio (zina) es una grave violación del derecho internacional, incluido el derecho a la vida y la prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Estos se recogen en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y en la Convención contra la Tortura, a la que pertenece Sudán.
"La lapidación es una forma de castigo extremadamente cruel, entre los peores tipos de tortura. Esta violencia brutal desafía mi comprensión, especialmente en nuestro contexto global para los derechos humanos y el derecho a la dignidad en todo el mundo, e ilustra lo crueles que pueden ser los hombres con las mujeres. Pedimos a la sociedad sudanesa, a las autoridades y a la comunidad internacional que pongan fin a esta monstruosidad."
En Sudán, la mayoría de los casos de adulterio se presentan contra mujeres, lo que pone de manifiesto la aplicación discriminatoria de la ley, en violación del derecho internacional que garantiza la igualdad ante la ley y la no discriminación por motivos de género.
Nuestras organizaciones condenan el uso de la pena de muerte en todos los casos. El caso de Amal pone de manifiesto la necesidad urgente de que las autoridades sudanesas declaren una moratoria inmediata de todas las ejecuciones en Sudán con vistas a abolir la pena de muerte y a revisar toda la legislación que tenga el propósito o el efecto de discriminar a las mujeres.
Las organizaciones mencionadas esperan que esta petición atraiga la atención internacional sobre este caso.