Resolución urgente sobre la situación en Sudán del Sur

27/08/2016
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Presentada por la Fundación para la Iniciativa de Derechos Humanos (FHRI), la Organización de Derechos Humanos de Sudán (SHRO), la Comisión de Derechos Humanos de Kenya (KHRC)

FIDH, reunión celebrada con motivo de su 39.º Congreso en Johanesburgo, Sudáfrica

Preocupados por la situación en materia de la seguridad y por el estancamiento político que prevalece en Sudán del Sur, exacerbado por un clima continuado de desconfianza entre las partes en conflicto; y alertando sobre la grave amenaza que representa una reanudación del conflicto armado en el país;

Consternados por los combates que tuvieron lugar en la capital, Juba, del 8 al 11 de julio de 2016, que acabaron con la vida de casi 300 personas y causaron el desplazamiento forzado de unas 80 000. Condenando enérgicamente las violaciones de los derechos humanos y los abusos cometidos contra población civil durante y tras los combates, según informes que señalan que soldados del Ejército de Liberación Popular de Sudán (ELPS) impidieron a algunas personas buscar refugio en las bases de la ONU; alarmados, en especial, por las denuncias de violaciones de mujeres y niñas y otras formas de violencia sexual y de género presuntamente cometidas por soldados uniformados y hombres armados de civil, inclusive a la entrada de los lugares de Protección de Civiles de las Naciones Unidas;

Recordando el Acuerdo sobre la Resolución del Conflicto en la República de Sudán del Sur (ARCSS) firmado en agosto de 2015 entre el Gobierno de Sudán del Sur y el Movimiento de Liberación Popular de Sudán en la oposición (MLPS-EO), en virtud del cual las partes acordaban, entre otros, declarar un alto el fuego permanente aplicable a todas las fuerzas bajo su mando, con objeto de formar un gobierno de transición y de unidad nacional y organizar elecciones nacionales, a fin de garantizar la distribución de ayuda humanitaria, llevar a cabo reformas en los sectores de la economía y la seguridad, así como establecer mecanismos de justicia transicional, entre otros, un tribunal mixto para Sudán del Sur (HCSS) y una Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Recuperación (CVRR);

Profundamente preocupados por el hecho de que pese a la firma del acuerdo y la consiguiente creación del gobierno de transición, las partes y sus milicias asociadas han violado sistemáticamente el alto el fuego permanente y han seguido cometiendo de forma modo generalizada graves violaciones de los derechos humanos y abusos contra la población civil en diversas partes del país, entre otros, asesinatos, violencia sexual y de género y destrucción de bienes civiles;

Alertados por la información contrastada que señala que tanto el Gobierno de Sudán del Sur como el MLPS/A en la oposición han continuado la adquisición de armas y equipo militar, incluso tras la firma del Acuerdo (ARCSS), lo que indica que ambas partes podrían optar por una solución militar en lugar de política para resolver sus diferencias;

Observando la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de desplegar una fuerza regional en Sudán del Sur para "[e]stablecer contacto rápida y eficazmente con todo agente sobre el que existan sospechas fundadas de que esté preparando ataques o participe en ataques contra emplazamientos de las Naciones Unidas para la protección de civiles, otros locales de las Naciones Unidas, el personal de las Naciones Unidas, los agentes humanitarios internacionales y nacionales, o los civiles";

Preocupados por las crecientes medidas de represión tomadas desde la firma del Acuerdo (ARCSS) contra periodistas y defensoras y defensores de los derechos humanos, que les han impedido supervisar e informar de la cada vez más degradada situación de los derechos humanos. Condenando el asesinato en 2015 de al menos siete periodistas, el arresto arbitrario y la detención de al menos diez defensoras y defensores de los derechos humanos desde la formación del Gobierno de transición en abril de 2016 y la orden de cerrar un gran número de periódicos;

Recordando que desde el estallido del conflicto, a mediados de diciembre de 2013, entre las fuerzas gubernamentales, las fuerzas de oposición y las milicias armadas en Sudán del Sur, la población civil ha sido objeto de graves delitos, entre otros, asesinatos, actos de tortura, violación y otras formas de violencia sexual y de género, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado de niños soldado, desplazamiento forzados, destrucción de bienes, así como la obstaculización permanente del acceso a la ayuda humanitaria y de repetidos ataques contra el personal humanitarios y sus bienes;

Recordando que la Comisión de Investigación de la Unión Africana sobre Sudán del Sur concluyó que dichos crímenes constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad; recordando que la comisión recomendó la creación de mecanismos de rendición de cuentas, entre ellos, un mecanismo judicial híbrido para llevar ante la justicia a los máximos responsables; recordando asimismo que dichos crímenes son punibles según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). Preocupados por la ausencia de un proceso significativo, por parte de las autoridades de Sudán del Sur, que identifique y lleve ante la justicia a las personas responsables de dichos crímenes;

Preocupados por la grave situación humanitaria en Sudán del Sur, que ha empeorado tras los últimos combates. Recordando especialmente que, de conformidad con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a 7 de agosto de 2016, alrededor de 933 506 civiles han buscado refugio en países vecinos, entre ellos Etiopía, Uganda, Sudán, Kenya, República Centroafricana y República Democrática del Congo y que 1,61 millones de personas estando desplazadas internamente.

FIDH, reunión con ocasión de su 39.º Congreso en Johanesburgo, Sudáfrica:

Insta a las partes enfrentadas y a sus milicias asociadas a:

Respetar el alto el fuego permanente establecido en el ARCSS;
Cesar de inmediato todas las violaciones de las leyes internacionales sobre derechos humanos y humanitarias, entre otros asesinatos, desapariciones forzosas, violencia sexual y de género, destrucción de bienes, reclutamiento de niños soldado;
Permitir el acceso humanitario y una supervisión de los derechos humanos independiente y sin restricciones para ofrecer ayuda humanitaria a los civiles afectados por el conflicto y protección a los civiles que se encuentren en peligro.

Insta al Gobierno de transición y de unidad nacional a:

Garantizar la protección de civiles frente a las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos; garantizar, en especial, la protección de las personas desplazadas internamente;
Crear un entorno propicio para la distribución de ayuda humanitaria y garantizar la seguridad y la protección del personal humanitario;
Iniciar, a la mayor brevedad, investigaciones imparciales, independientes y eficaces sobre las acusaciones de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y garantizar que se lleva ante la justicia a todos aquellos responsables de delitos en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos;
Proceder al establecimiento inmediato y eficaz de los mecanismos de rendición de cuentas establecidos en el ARCSS, entre otros, el tribunal híbrido para Sudán del Sur, de conformidad con el derecho internacional en materia penal y de derechos humanos;
Ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y plantear la presentación de una declaración en virtud del artículo 12.3 del Estatuto que conceda a la CPI jurisdicción sobre los delitos que se han producido desde el estallido del conflicto en diciembre de 2013;
Poner fin de manera inmediata al hostigamiento judicial, entre otros, contra periodistas y defensoras y defensores de los derechos humanos; proceder a la puesta en libertad inmediata de las personas detenidas de forma arbitraria; iniciar a la mayor brevedad posible investigaciones imparciales, independientes y eficaces de los casos de personas que han sido asesinadas y garantizar que se lleva ante la justicia a los culpables de conformidad con el derecho internacional;
Concluir de forma inmediata la ratificación de los tratados regionales e internacionales sobre derechos humanos, incluyendo el Protocolo a la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en África, el Protocolo a la Carta Africana sobre la creación de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y realizar una declaración en virtud del artículo 34.6 de este Protocolo, concediendo acceso directo al tribunal a personas y ONG; y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.

Insta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) a:

Apoyar el establecimiento inmediato y eficaz de los mecanismos de rendición de cuentas que se establecen en el ARCSS, incluido el tribunal híbrido para Sudán del Sur, de conformidad con el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos;
Considerar la adopción de mayores sanciones contra quienes participen en actividades que pongan en riesgo la paz y la seguridad en Sudán del Sur;
Tomar las medidas necesarias para garantizar que la UNMISS cumple eficazmente su mandato de protección de la población civil;
Imponer un embargo de armas para detener el suministro de armas, municiones y otros equipos y de tecnología militar, así como la asistencia militar que se brinda a personas y grupos responsables de perpetrar delitos internacionales en Sudán del Sur.

Hace un llamamiento a la Unión Africana para:

Apoyar el establecimiento inmediato y eficaz de los mecanismos de rendición de cuentas establecidos en el ARCSS, incluido el tribunal híbrido para Sudán del Sur, de conformidad con el derecho internacional penal y de los derechos humanos;
Considerar la adopción de sanciones dirigidas contra individuos que participen en actividades que amenacen la paz y la seguridad en Sudán del Sur;
Respaldar la imposición de un embargo de armas para detener el suministro, la venta, la transferencia, el mantenimiento y la operación de todas las armas, municiones y otros equipos y tecnología militar, así como la asistencia militar que se brinda a personas y grupos responsables de perpetrar delitos internacionales en Sudán del Sur.

Hace un llamamiento a la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo Regional (IGAD) y la Comunidad del África Oriental (CAO) a:
Apoyar el establecimiento inmediato y eficaz de los mecanismos de rendición de cuentas establecidos por el ARCSS, incluido el tribunal híbrido para Sudán del Sur, de conformidad con el derecho internacional y el Código Penal.

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