"La represiva legislación de Senegal en materia de aborto viola los derechos sexuales y reproductivos que el derecho internacional reconoce a las mujeres. Ha llegado el momento de que el país respete sus obligaciones regionales e internacionales" , afirmó Khadija Cherif, vicesecretaria general de la FIDH.
Durante el diálogo con la delegación del Gobierno, el comité de expertos solicitó datos sobre los abortos practicados en el país. La delegación senegalesa explicó que en 2012 se practicó un aborto ilegal a 51 500 mujeres y que el 10 de febrero de 2015 el 19 % de las mujeres encarceladas se encontraba en prisión por delitos de infanticidio y el 3 %, por de aborto clandestino.
En sus observaciones finales publicadas el 27 de julio, el comité de la CEDAW expresó su preocupación por la falta de programas educativos integrales sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, así como por el limitado acceso a la anticoncepción. El comité también expresó su profunda preocupación por el aumento del número de casos de violación y por el hecho de que la legislación considere que la violación es una infracción y no un delito.
Estas cuestiones se hacen eco de la preocupación manifestada por nuestras organizaciones en su comunicado conjunto, que se presentó al comité antes de la revisión de Senegal (Senegal: "No quiero ese niño, quiero ir a la escuela"). El comunicado conjunto documenta la repercusión de la restrictiva legislación de Senegal en materia de aborto sobre los derechos de las mujeres. Las mujeres no pueden interrumpir un embarazo, ni siquiera en caso de violación, por lo que se someten a abortos clandestinos que suponen un riesgo para su vida y su salud. La mortalidad materna es más elevada entre las niñas embarazadas, a quienes se obliga a abandonar su formación de forma temprana. Este documento detalla asimismo la dificultad que tienen las mujeres para poder acceder a los métodos anticonceptivos, especialmente en las áreas pobres y rurales.