La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ("la Corte Africana") se negó recientemente a conocer el fondo de un caso en el que se cuestionaba la toma ilegal por parte del Estado ruandés de una de las últimas organizaciones independientes de derechos humanos del país, conocida por sus siglas en francés, LIPRODHOR (Liga Ruandesa para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos). La Corte Africana ha perdido una oportunidad crucial de proteger y promover la libertad de asociación de la población ruandesa y de sentar un claro precedente para todo el continente.
"En un momento en que los gobiernos de todo el continente trabajan activamente para sofocar la disidencia, reprimir la participación civil activo y acallar la oposición, el caso de LIPRODHOR es un claro ejemplo tanto esta preocupante tendencia como la decidida respuesta de la sociedad civil para proteger firmemente los espacios cívicos a través de todos los medios legales a su alcance. A pesar de este revés, seguiremos intentando obtener justicia en interés de la sociedad civil de África,"
El caso LIPRODHOR (Sol. 023/2015 Laurent Munyandilikirwa contra la República de Rwanda) es un ejemplo ampliamente difundido y bien documentado de los ataques sistemáticos del gobierno ruandés contra la sociedad civil, entre otros, contra las personas defensoras de los derechos humanos y la disidencia del régimen actual. En 2013, en represalia por el trabajo en materia de derechos humanos de LIPRODHOR, el gobierno ruandés orquestó la destitución y sustitución ilegal de su presidente, Laurent Munyandilikirwa, así como de otros miembros independientes de su directiva a través de una reunión falsa por infringir las normas internas de LIPRODHOR, que ha sido desautorizada por el propio comité de resolución de conflictos internos de la propia organización.
A pesar del aviso de que se trataba de un proceso falso, la Junta de Gobierno de Ruanda (RGB) aprobó apresuradamente el nombramiento de una nueva directiva ilegítima, sin que los tribunales ruandeses proporcionaran ayuda y el sistema bancario del país transfirió ilegalmente la propiedad de los bienes de la organización a la junta ilegítima. Los medios de comunicación estatales calumniaron a los dirigentes legítimos que habían sido destituidos y la policía ruandesa impidió que celebraran ninguna reunión deteniéndolos arbitrariamente en múltiples ocasiones, lo que obligó a algunos a huir del país tras recibir reiteradas amenazas de muerte.
"La sentencia de la Corte Africana supone una gran injusticia para la sociedad civil independiente y los derechos humanos en Rwanda. Resulta desalentador que la Corte haya ignorado los hechos concluyentes de este caso y la aportación del Relator Especial de la ONU, Maina Kai, y que, sin embargo, se haya dejado engañar por las declaraciones infundadas de la junta ilegítima que no ha sido admitida como parte en el caso. Sin embargo, esta decisión no nos desanima y seguiremos trabajando con nuestros socios de Robert F. Kennedy Human Rights y la FIDH para que se haga justicia en este caso,"
"Después de casi una década de procedimientos judiciales, Munyandilikirwa y LIPRODHOR todavía no han conseguido que un solo órgano judicial examine el fondo de su demanda. Es lamentable que la Corte Africana –un organismo que a menudo ha adoptado posturas valientes a la hora de abordar los problemas de derechos humanos más acuciantes del continente– haya dado continuidad a la tendencia de los tribunales locales de Rwanda y haya evitado examinar el fondo del caso de los demandantes. En vez de ello, como señalan las opiniones contrarias a esta decisión, la Corte parece basarse en afirmaciones y conjeturas sin fundamento realizadas por un tercero –claramente parcial– para denegar la admisibilidad de esta demanda, con una repercusión continental e incluso mundial,"
En todo el mundo se está produciendo un aumento de los ataques gubernamentales contra la sociedad civil, incluso contra las personas defensoras de los derechos humanos. Esta represión alentada por el Estado es una amenaza recurrente para el espacio cívico en todo el mundo, especialmente en países como Rwanda, donde las autoridades estatales han obstruido sistemáticamente o han cerrado por completo las organizaciones independientes de la sociedad civil. Se ha documentado que el gobierno ruandés amenaza, difama, detiene arbitrariamente y encarcela ilegalmente a personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, figuras de la oposición y miembros de la ciudadanía. Por otra parte, se han producido casos de secuestros forzados, acoso judicial y presuntos asesinatos, tanto dentro como fuera del país.
Lea aquí la decisión, las opiniones discrepantes del juez Rafaâ Ben Achour y del juez Ben Kioko y las preguntas y respuestas sobre este caso.