Desde el 10 de enero de 2019 [1], las organizaciones no gubernamentales pueden presentar denuncias en Bélgica por casos relacionados con los derechos humanos.
"Al presentar estas denuncias penales con apoyo de ONG, las víctimas congoleñas se convierten finalmente en protagonistas de este caso emblemático. Podrán solicitar acceso al expediente del caso y pedir que se realicen investigaciones complementarias. Lejos de ser un hecho meramente simbólico, aporta un verdadero valor agregado y gracias a ello se podría lograr finalmente la condena de una empresa sospechosa de ofrecer sobornos para obtener contratos lucrativos en detrimento de la ciudadanía congoleña",
Según Reuters, Semlex había negociado en 2014-2015 el contrato para realizar los pasaportes con el ex presidente Kabila y algunos de sus socios más cercanos. Durante las negociaciones, que se llevaron a cabo en Dubai y Kinshasa, el precio unitario del pasaporte pasó de 21,5 a 185 dólares.
Según los contratos a los que han tenido acceso nuestras organizaciones, por cada pasaporte vendido, se debían pagar 60 dólares a una empresa fantasma llamada LRPS, registrada en los Emiratos Árabes Unidos. Según Reuters, LRPS es supuestamente propiedad de Makie Wangoi Makolo, un miembro de la familia del antiguo presidente. Desde que entró en vigor el contrato entre Semlex y el Gobierno congoleño, esta empresa fantasma probablemente ha recibido más de 35 millones de dólares.
"Esperamos que el poder judicial belga logre aclarar lo ocurrido con los 60 dólares que se hicieron llegar a una empresa fantasma cuyos propietarios reales resultan sospechosos. 60 dólares es el salario medio de un funcionario congoleño. ¡Este dinero debería haberse quedado en los bolsillos de los compradores de pasaportes!"
La justicia belga abrió una investigación en 2017 y en enero de 2018 realizó un registro en la oficina de Semlex. Desde entonces, la Fiscalía Federal no ha ofrecido ninguna información actualizada pública sobre el avance de la investigación.
En términos más generales, en marzo de este año el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas observó que Bélgica carece de "un sistema de denuncia eficaz (...) para las víctimas de las violaciones de los derechos humanos que las empresas puedan cometer". De igual modo, durante años, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos ha manifestado su preocupación por los escasos recursos que Bélgica asigna al sistema judicial para abordar los casos relacionados con la corrupción en el extranjero.
"Aunque desde hace más de una década las prácticas corruptas cometidas en el extranjero son punibles en virtud de la legislación belga, no sabemos de ninguna empresa belga que haya sido condenada hasta la fecha. Dada la gravedad de las sospechas que recaen sobre el contrato de Semlex, es importante acabar con esta aparente impunidad y llevar el caso hasta el final".