El Tribunal Penal Especial sería una eficaz herramienta para luchar contra la impunidad y consolidar así una paz sostenible en la República Centroafricana:
1. Desde 2012 se han cometido una serie de crímenes de extrema gravedad en la República Centroafricana, constitutivos de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad. Entre ellos se incluyen asesinatos –algunos de ellos por motivos políticos y étnicos –, desplazamientos masivos de población, saqueo y quema masiva de poblaciones. Las autoridades de la República Centroafricana están obligadas por ley a llevar ante la justicia a las personas responsables de estas graves violaciones del derecho internacional.
2. Ver que se hace justicia a estos crímenes tan graves es fundamental para el éxito de la transición política y para lograr una paz verdaderamente sostenible en la República Centroafricana. La impunidad, que ha prevalecido en el país durante décadas, ha permitido y alentado la comisión de nuevos delitos. Un juicio justo y transparente no solo significaría una medida de justicia a favor de las víctimas de estos crímenes, sino que también supondría un enérgico mensaje de que dichas atrocidades no seguirán tolerándose. Catherine Samba-Panza, la presidenta interina, ha puesto de relieve reiteradamente la importancia de la justicia como elemento clave de la transición y apoya la creación de un Tribunal Penal Especial.
3. El sistema judicial en Centroáfrica sufre actualmente las consecuencias de los diferentes conflictos que han devastado el país. Su capacidad en términos de personal y de recursos materiales es limitada. Actualmente la situación en cuanto a la seguridad es difícil, sobre todo cuando se refiere a la investigación compleja de crímenes relacionados con grupos armados que siguen en activo. La creación de una célula especial de investigación por decreto presidencial en abril de 2014 fue una gran iniciativa pero, para que pueda operar de forma eficaz, esta unidad necesita formar parte de una institución más global, como la que funcionaría con el propuesto Tribunal Penal Especial.
4. El Tribunal Penal Especial proporcionará a las autoridades centroafricanas una herramienta eficaz integrada en el sistema judicial nacional para perseguir a los responsables de delitos graves. Con un mandato renovable de cinco años, el Tribunal Penal Especial se centraría exclusivamente en los delitos más graves, como los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, atraería financiación internacional y los conocimientos necesarios para investigar con éxito delitos de más dificultad.
5. Con la propuesta de la creación de un Tribunal Penal Especial, el Gobierno de la República Centroafricana lideraría la lucha contra la impunidad e iniciaría un movimiento más amplio hacia la creación de jurisdicciones nacionales especializadas. Muchos países han reconocido que los procesos necesarios para castigar los crímenes internacionales son especialmente difíciles y han establecido unidades de crímenes de guerra o cámaras especiales para gestionarlos y resolverlos de forma específica. Sudáfrica, Uganda, Costa de Marfil y Senegal son algunos de esos países pertenecientes al continente africano. La República Centroafricana muestra el camino de la lucha contra la impunidad al aunar la remisión de casos a la Corte Penal Internacional y el establecimiento de un mecanismo nacional específico y reforzado.
El tribunal estaría formado por una mayoría de jueces centroafricanos:
6. El anteproyecto de ley establece que esté compuesto por 27 magistrados, en su mayoría centroafricanos, incluidos el presidente del tribunal, los presidentes de cada una de sus cámaras (instrucción, primera instancia y apelaciones). Según el memorando de entendimiento firmado con la misión de las Naciones Unidas en agosto de 2014, el tribunal incluiría jueces y expertos de otros países, si es posible de otros países africanos, para proporcionar experiencia probada en el enjuiciamiento de crímenes internacionales. Aportarían su experiencia en ámbitos de gran complejidad como las investigaciones especializadas y la protección de víctimas y testigos.
7. La presencia de un equipo internacional en la oficina del fiscal, además de jueces de investigación y en las diversas cámaras del tribunal, contribuirán a mejorar la seguridad para el personal nacional. Trabajando junto a expertos internacionales, el equipo nacional será capaz de reforzar sus habilidades en el nuevo campo de la justicia penal internacional.
Establecer la cadena perpetua como la pena máxima contribuirá a lograr apoyo internacional para el Tribunal Penal Especial y constituirá un paso lógico hacia el alejamiento de la República Centroafricana de la pena de muerte:
8. Este paso hacia la abolición definitiva de la pena de muerte estaría en consonancia con la posición expresada por las autoridades centroafricanas durante los últimos años. De hecho, el Gobierno centroafricano votó a favor de la resolución 69/186 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 18 de diciembre de 24, que instaba al establecimiento de una moratoria universal de la pena de muerte. Además, el hecho de que la pena de muerte no se haya aplicado en el país desde 1981 demuestra de forma clara que se suma a la tendencia internacional contra esta pena tan cruel y degradante. El anteproyecto de ley sobre el Tribunal Penal Especial también hace referencia al artículo 77 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, ratificado por la República Centroafricana, sobre sentencias aplicables, que no incluye la pena de muerte.
La Corte Penal Internacional y el Tribunal Penal Especial aunarán sus esfuerzos para mejorar la justicia en la República Centroafricana:
9. Será fundamental una cooperación cercana y eficaz entre la Corte Penal Internacional y el Tribunal Penal Especial y está prevista en el anteproyecto de ley. El 24 de septiembre de 2014, el fiscal de la Corte Penal Internacional inició una segunda investigación en el país sobre los delitos de su competencia cometidos desde 2012. Sin embargo, la Corte Penal Internacional únicamente podrá presentar cargos contra un número limitado de sospechosos responsables por los crímenes más graves. El Tribunal Penal Especial permitirá que la República Centroafricana refuerce la capacidad del sistema judicial nacional para enjuiciar de forma eficaz a todos los responsables de delitos graves.
El Consejo Nacional de Transición debe escuchar la petición de justicia de las víctimas y votar de forma inmediata a favor del anteproyecto de ley para la creación del Tribunal Penal Especial:
10. La aprobación de este anteproyecto de ley es un asunto urgente, pues la misión de las Naciones Unidas y el Gobierno centroafricano ya han detenido a algunos jefes de la guerra implicados en los actos violentos desde principios de 2012, que deben ser juzgados. Numerosas víctimas esperan que se haga justicia.