En el Sahel, “los resultados están a la vista”, afirmó el presidente Emmanuel Macron en su discurso del 19 de enero ante el ejército francés. Unos días antes, en una entrevista publicada en Le Parisien, su ministra de Defensa se felicitaba por los “importantes éxitos militares alcanzados”. En vísperas de la celebración de la cumbre del G5 sobre el Sahel, que reunirá a líderes de África, Francia y Europa en Yamena (Chad) los días 15 y 16 de febrero para hacer una valoración de la estrategia de estabilización del Sahel, se nos habla de “avances operativos”. Sin embargo, los miembros de la sociedad civil del Sahel como es nuestro caso, que trabajan lo más cerca posible de las poblaciones afectadas por las numerosas crisis que asolan a nuestra región, es difícil conciliar estas declaraciones con la realidad sobre el terreno.
El año 2000 fue el más mortífero para la población civil del Sahel, con casi 2400 víctimas en Burkina Faso, Malí y Níger, según la información del sitio web del Proyecto de Datos sobre Localización de Conflictos Armados (ACLED). No pasa ni una semana sin que se reciban alertas de nuevos ataques. La violencia ha provocado el desplazamiento forzoso de más de 2 millones de personas. Por eso, para un agricultor cuya familia lleva meses viviendo en una tienda de un campamento improvisado, lejos de sus terrenos, sin escuela para sus hijos e hijas, esta estrategia no ha dado resultado. El despliegue masivo de tropas de la región del Sahel, así como francesas, europeas y de la ONU no ha aportado, por el momento, la seguridad a la que aspira y a la que tiene derecho.
Los crímenes permanecen impunes
La intensificación de las operaciones antiterroristas que decidieron en la Cumbre de Pau hace un año el presidente francés y sus homólogos del Sahel, ha tenido una trágica e inesperada consecuencia: en 2020, las fuerzas de seguridad mataron a más personas civiles sospechosas desarmadas que los grupos extremistas Esta tendencia es una señal del fracaso de una estrategia que da prioridad a un enfoque totalmente centrado en la seguridad, sin por ello lograr una mejor protección de la población civil. Es un obstáculo para el retorno del Estado, que las autoridades participantes en la Cumbre de Pau establecieron, muy acertadamente, como principal prioridad. ¿Cómo se puede recuperar la confianza en el Estado cuando una gran parte de la población percibe al personal uniformado como una amenaza?
Este sentimiento está alimentado por una serie de graves violaciones que han permanecido impunes. Citaremos tres casos, entre la creciente lista de poblaciones afectadas. En Inates, Níger, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) identificó 71 cadáveres de civiles en fosas comunes y demostró la responsabilidad de elementos de las fuerzas de seguridad en marzo-abril de 2020. En Djibo, Burkina Faso, Human Rights Watch ha registrado más de 210 ejecuciones en masa atribuidas a fuerzas gubernamentales entre noviembre de 2019 y junio de 2020. En Binedama, Malí, 37 personas, entre ellas varias mujeres, niños y niñas, murieron el 5 de junio de 2020 en un ataque contra su pueblo cometido por un convoy militar de 30 vehículos y milicias de autodefensa según una persona experta de las Naciones Unidas.
“No tiene sentido tener más miedo al soldado que se supone que te protege que al bandido armado que te puede matar,” afirma una persona superviviente de las masacres de Inates al personal de la CNDH durante la investigación. Nueve meses después de estos hechos, no ha acudido al lugar ninguna autoridad nigeriana para rendir homenaje a las víctimas. No se ha pagado reparación alguna a las familias. Aún no se ha llevado a cabo el procedimiento judicial anunciado por las autoridades. En Burkina Faso no se ha producido ningún avance significativo en las investigaciones de los abusos cometidos por las fuerzas armadas, a pesar de los compromisos adquiridos. En Malí, se han firmado órdenes para el enjuiciamiento de los militares implicados en los incidentes, pero nos han emitido órdenes de detención tal como lamentan las Naciones Unidas.
Desconfianza de la población
Hacer justicia a las víctimas de crímenes cometidos por los miembros de las fuerzas de defensa y seguridad en el Sahel, no es únicamente imperativo para los gobiernos de la región según sus obligaciones internacionales. Se trata igualmente de una condición esencial para restablecerla confianza entre la población y sus dirigentes y, por lo tanto, para restablecer la estabilidad en la región. Los crímenes que permanecen impunes alimentan las tensiones entre las comunidades y el ciclo de violencia, al favorecer la capacidad de reclutamiento de los grupos armados que aprovechan la frustración y la desconfianza de la población hacia las autoridades.
En junio de 2020, los jefes de Estado del G5 y del Sahel se comprometieron a adoptar “sanciones ejemplares” contra los elementos de las fuerzas de defensa y seguridad culpables de abusos. Seis meses después, su compromiso sigue siendo papel mojado. La cumbre de Yamena les brinda la oportunidad de poner en práctica sus palabras y situar la protección de la población civil, los derechos humanos y la lucha contra la impunidad en el centro de una estrategia renovada para la zona, tal como recomienda la Coalición Ciudadana para el Sahel. Frente a las limitaciones de un enfoque centrado en la seguridad, Francia y los demás socios de los gobiernos del Sahel deben fomentar esta reordenación de las prioridades, condición esencial para el retorno de la estabilidad a la región.