Entre el 27 y el 31 de marzo de 2022, las operaciones que llevaron a cabo las Fuerzas Armadas de Malí (FAMa) contra grupos armados habrían provocado la muerte de un gran número de civiles en Moura, capital de la población rural de Togué Mourari, círculo de Djenné, en la región de Mopti. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas mencionó, en un comunicado de fecha 1 de abril de 2022, "acciones aeroterrestres" que habían realizado las fuerzas especiales, y anunció un resultado de 203 muertes entre los miembros de "grupos terroristas armados" y 51 detenciones. En un segundo comunicado emitido el 5 de abril de 2022, las autoridades militares malienses declararon que las FAMa eran "objeto de acusaciones infundadas de abusos contra la población civil" y reiteraron que "el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario [seguía siendo] una prioridad en la realización de [sus] operaciones".
Según los testimonios recogidos por nuestras organizaciones, en el curso de esta operación se asesinó a un gran número de civiles, entre ellos trabajadores/as de la feria y habitantes civiles, ya que tuvo lugar durante y después de la feria semanal de Moura, y mientras las FAMa supuestamente llevaban a cabo un bloqueo de cinco días alrededor de la población.
"Para ser eficaz, la lucha legítima contra el terrorismo se debe llevar a cabo necesariamente en el marco de un estricto respeto a los derechos humanos y, en particular, a la protección de la población civil. La protección de la población es la principal responsabilidad de las autoridades de transición. Tras las declaraciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el Estado maliense tiene el deber de ser totalmente transparente en la realización de sus operaciones militares",
Nuestras organizaciones consideran que la gravedad de los hechos denunciados, que, si se demuestran, podrían constituir crímenes de guerra, exigen una investigación judicial exhaustiva e independiente, con el fin de aclarar por completo estos acontecimientos.
"Nuestras organizaciones recuerdan que los principios de distinción, precaución y proporcionalidad prescritos por el derecho internacional humanitario deben ser respetados en todos los lugares y en todas las circunstancias por todas las partes en conflicto. Los ataques dirigidos contra la población civil, aquellos que se realizan de forma indiscriminada o los que tienen un impacto desproporcionado en la población civil, son crímenes de guerra,"
Nuestras organizaciones reiteran asimismo su llamado a las autoridades de transición malienses y a las distintas fuerzas que se encuentran presentes en Malí para que hagan de la protección de la población civil su prioridad absoluta y efectiva, entre otras cosas, luchando activamente contra la impunidad de los autores de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario sin discriminación alguna.
"Instamos a las autoridades judiciales civiles malienses lleven a cabo investigaciones, así como a crear una comisión de investigación independiente. Para ello, pedimos a los socios internacionales de Malí, en particular la MINUSMA, las Naciones Unidas, la CEDEAO, la Unión Africana y la Unión Europea, que mantengan una mayor atención y un compromiso constante en la lucha contra la impunidad de todos los autores de violaciones de derechos humanos",
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