Kenya: 10 años después de las violencias electorales, las reformas en materia de seguridad y justicia siguen siendo cruciales

03/08/2017
Informe
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Nairobi, París, 3 de agosto de 2017 - Independientemente del resultado de las elecciones generales de la próxima semana, es vital que Kenya continúe afianzando sus reformas en los sectores de seguridad y justicia, destaca un nuevo informe publicado hoy por la FIDH y KHRC, "Kenya’s Scorecard on Security and Justice: Broken Promises and Unfinished business" [El balance de Kenya en materia de seguridad y justicia: promesas rotas y asuntos pendientes], este informe hace una valoración ambivalente de las reformas iniciadas tras la violencia postelectoral de 2007 y 2008. Mientras el mundo espera a ver cómo se desarrollarán las próximas elecciones, es importante recordar que la mejora del escrutinio sobre las operaciones policiales y la lucha contra la impunidad son fundamentales para evitar que la historia se repita en Kenya.

Tras la violencia postelectoral de 2007 y 2008, se determinó el papel de las deficiencias en los sectores de seguridad y justicia entre las causas principales de la violencia. Esto impulsó a las autoridades de Kenya a iniciar reformas judiciales e institucionales en ambos sectores. La nueva Constitución, aprobada en 2010, constituye una importante base para iniciar estas reformas. La intención era, sobre todo, reforzar la supervisión del sector de la seguridad, reconstruir la confianza en el sistema judicial y proporcionar justicia y reparación a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, muchas de las cuales habían sido cometidas por las fuerzas de seguridad.

El informe publicado hoy ofrece una valoración ambivalente.

"Las medidas de reforma emprendidas durante los últimos cuatro años y medio han logrado avances mínimos, y se ha caracterizado por promesas vacías sin efecto o retrasos que han amenazado con revertir los pocos logros obtenidos."

George Kegoro, director ejecutivo de KHRC

Por otra parte, se han realizado avances en la introducción de reformas en los sectores de la seguridad y la justicia en Kenya. Entre ellos, el éxito en la creación de una Agencia Independiente para la Supervisión de la Policía (IPOA, por sus siglas en inglés) que ha proporcionado la tan necesaria supervisión civil en este ámbito. El Gobierno también ha invertido en reclutar más agentes de policía, sobrepasando la ratio establecida por las Naciones Unidas de 1 agente cada 450 habitantes. Además, el poder judicial ha mejorado con el nombramiento de más de 200 jueces y magistrados. Con ello se ha reducido el número de casos atrasados, que ha pasado de 1 millón a 311 000 en 3 años, y la inversión en un marco de transformación judicial ha ayudado a contribuir a la independencia del poder judicial.

No obstante, es necesario llevar a cabo una reforma global para abordar algunas de las violaciones de los derechos humanos que persisten en Kenya. En especial, el aumento de los casos de ejecuciones extrajudiciales que continúan vulnerando el derecho a la vida y la seguridad de las personas. Las nuevas tendencias y la evidente falta de capacidad a la hora de abordar esta cuestión es motivo de gran preocupación. El terrorismo constituye también una preocupación principal para la seguridad en el país, debido a las violaciones cometidas por agencias de seguridad del país durante las operaciones antiterroristas, que incumplen las promesas de reformas globales en el sector de seguridad. A esto se añade la preocupante tendencia de la administración de Jubilee a violar la libertad de asamblea mediante el uso de métodos ilegales, extremos, y con frecuencia mortales, de control de masas durante la supervisión policial de las protestas.

En lo que al sector judicial se refiere, las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos continúan exigiendo justicia y rendición de cuentas. En casi diez años, las víctimas de las violencias policiales durante el período electoral no han recibido reparaciones por el daño sufrido y continúan sufriendo a consecuencia de los episodios de 2007-2008. Por último, el Gobierno no ha aplicado el Informe del TJRC, a pesar de que hace más de 3 años que se presentó dicho informe al presidente Kenyatta. Estas cuestiones continúan obstaculizando el proceso de reformas en Kenya.

La principal causa de estas deficiencias es la injerencia política por parte del Gobierno o del Parlamento, con el fin de mantener el control sobre las operaciones de las agencias de seguridad y sobre el resultado de los procesos judiciales. En algunos casos, el Gobierno simplemente se ha negado a aceptar las sentencias judiciales.

"El próximo Gobierno tendrá que comprometerse a continuar las reformas por el bien del país y no en su propio interés."

Arnold Tsunga, vicepresidente de la FIDH

A medida que se acercan las elecciones, aumenta la preocupación en materia de seguridad, en relación con el despliegue de tropas militares en algunas partes del país, y el riesgo de suspender el derecho al voto en determinadas zonas conflictivas. Con independencia de quién componga el próximo Gobierno electo, tendrá que salvaguardar, aplicar y profundizar las reformas en los sectores de la seguridad y la justicia.

Leer el informe (EN) "Kenya’s Scorecard on Security and Justice: Broken Promises and Unfinished business" [El balance de Kenya en materia de seguridad y justicia: promesas rotas y asuntos pendientes]

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