(Conakry) Los líderes políticos de Guinea deberían dar prioridad a acabar con la impunidad y a terminar la reforma del sistema judicial del país, han dicho hoy los seis grupos internacionales y nacionales de derechos humanos [1], en vísperas del sexto aniversario de la masacre de manifestantes en un estadio de Conakry, el 28 de septiembre. Tras las elecciones presidenciales del 11 de octubre, es esencial que el Gobierno proporcione al sistema judicial todos los recursos necesarios para que en 2016 se celebre, en las mejores condiciones posibles, el juicio por los crímenes cometidos durante la masacre del estadio.
En menos de un año, los jueces de instrucción han emprendido importantes acciones que han transformado por completo el caso de la masacre del estadio", afirmó Asmaou Diallo, presidente de AVIPA. "Estamos avanzando hacia un juicio que debería resultar creíble y satisfactorio para todas las víctimas.
Observó que otras seis personas fueron acusadas el pasado año, entre ellas el antiguo líder del Consejo Nacional para la Democracia y el Desarrollo, Moussa Dadis Camara, y su vicepresidente, Mamadouba Toto Camara. Ambos han sido ya formalmente interrogados y está previsto que comparezcan ante el tribunal.
Queda mucho por hacer, incluido interrogar a varios testigos clave y detener al antiguo ayudante de Moussa Dadis Camara, Toumba Diakité, que no ha sido encontrado. Sin embargo, la mayor parte de los requisitos para que se inicie un juicio lo antes posible parecen haberse alcanzado.
Las víctimas, sus abogados de la FIDH y la OGDH y nuestras organizaciones abrigan la esperanza de ver pronto estos seis años de investigaciones culminar en un juicio que finalmente permita que se haga justicia y se establezcan reparaciones para las víctimas", afirmó Souhayr Belhassen, presidenta honoraria de la FIDH. "Los candidatos presidenciales deben comprometerse públicamente a que el juicio por el 28 de septiembre se celebre en 2016 y a que no impere la impunidad.
El comienzo de una imprescindible reforma del sistema de justicia en 2014 ha dado lugar a avances significativos en el caso y ha sentado las bases para la modernización integral del sistema, han observado estos grupos. Estos cambios son esenciales para reafirmar la autoridad de un sistema judicial minado durante mucho tiempo en Guinea.
Las elecciones no deberían en absoluto impedir el trabajo del sistema judicial en el caso del 28 de septiembre ni demorar el proceso de reforma", afirmó Abdoul Gadiry Diallo, portavoz de OGDH. "Por el contrario, debe surgir un consenso político para hacer de la lucha contra la impunidad un objetivo compartido por todos, de modo que Guinea pueda continuar la construcción de un Estado respetuoso de la ley.
En su visita a Guinea en julio, Fatou Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional, que abrió un examen preliminar sobre la situación en Guinea en octubre de 2009, recordó al Gobierno de Guinea su obligación de que se lleve a cabo este proceso judicial. Los avances realizados en el caso 28 de septiembre pusieron a Guinea en el camino adecuado para cumplir con sus compromisos con la Corte Penal Internacional, y el Gobierno guineano debería garantizar que el proceso se pueda concluir, dijeron los grupos.
La Corte Penal Internacional está concebida como tribunal de última instancia. Según el denominado principio de complementariedad, la CPI únicamente interviene cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren investigar y procesar los casos que recaen bajo su autoridad.
Guinea tiene la oportunidad de mostrar al mundo que es posible hacer que los responsables de delitos graves rindan cuentas con éxito ante sus tribunales nacionales", afirmó Corinne Dufka, directora para África Occidental de Human Rights Watch. "La conclusión del caso sería un ejemplo brillante del principio de complementariedad de la CPI. El Gobierno de Guinea debería aprovechar esta oportunidad dando un fuerte apoyo político al caso para garantizar que se hace justicia por los trágicos acontecimientos de septiembre de 2009.