En estos momentos, en que Guinea comienza un proceso de transición política tras el golpe de Estado del 5 de septiembre de 2021, la apertura de este juicio sería una clara señal de que las autoridades están dispuestas a situar el respeto a los derechos humanos y la lucha contra la impunidad en el centro de sus prioridades.
Estos grupos son la Asociación de Víctimas, Familiares y Amigos del 28 de Septiembre de 2009 (AVIPA), Igualdad de Derechos para Todos (MDT), la Organización Guineana de Derechos Humanos y Ciudadanos (OGDH), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Aunque han pasado 12 años, la necesidad de justicia sigue siendo tan imperiosa como siempre para las personas supervivientes de la masacre y las familias de las víctimas. Hace apenas un año, los seis grupos habían denunciado los retrasos y el tiempo que se había perdido en la organización del juicio. La espera se ha hecho insoportable para los supervivientes y las familias de las víctimas, según afirmaron estos grupos, dado que la fase de instrucción concluyó a finales de 2017. El gobierno guineano ha prometido en varias ocasiones comenzar el juicio lo antes posible, como muy tarde en junio de 2020. Las organizaciones continúan preocupadas por la evidente falta de voluntad para finalizar los preparativos de este juicio que existe en Guinea.
En los últimos meses, el comité directivo que supervisa los preparativos del ensayo, formado por funcionarios del gobierno y socios internacionales, ha reanudado su trabajo y ha adoptado una hoja de ruta. Las obras del Tribunal de Apelación de Conakry, donde se celebrará el juicio, han avanzado y el gobierno francés ha previsto una reunión de formación para los jueces y juezas. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, todavía no se ha fijado la fecha de celebración del juicio.
"A la vista del deterioro de la salud de las personas supervivientes, pedimos, junto con la Asociación de Víctimas, Familiares y Amigos del 28 de septiembre de 2009, que este año sea la última conmemoración antes de que se haga justicia. Es urgente que se celebre el juicio y se concedan reparaciones antes de que mueran todas las víctimas"
La investigación de los jueces guineanos comenzó en febrero de 2010. Se acusó a más de 13 sospechosos, 11 de los cuales fueron enviados a juicio. Entre estos sospechosos se encuentran Dadis Camara, exdirigente de la junta del Consejo Nacional para la Democracia y el Desarrollo que gobernaba Guinea en septiembre de 2009, y su vicepresidente, Mamadouba Toto Camara. Algunos de los sospechosos que han sido acusados siguen ocupando puestos de poder, entre ellos, Moussa Tiegboro Camara, que dirige la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en Guinea.
Estas organizaciones siguen de cerca la actual fase de transición política en Guinea, después de que el Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo (CNRD) se hiciera con el poder el 5 de septiembre, y reiteraran su llamado para que se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales de toda la ciudadanía. En su calidad de líder del CNRD, Mamady Doumbouya, declaró que "la justicia será la brújula que guiará a todos los ciudadanos y ciudadanas de Guinea", la lucha contra la impunidad debe estar en el centro de las actuaciones de las autoridades, afirmaron los grupos.
"Es más que urgente que Guinea ponga fin al ciclo de impunidad que ha marcado profundamente la historia del país durante más de 60 años. Recordamos a las autoridades que el derecho internacional exige que los Estados proporcionen recursos efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos y que toda falta de justicia o la aprobación de una amnistía para delitos graves es incompatible con estos requisitos."
En octubre de 2009, la Corte Penal Internacional (CPI) abrió un examen preliminar sobre la situación en Guinea. La CPI, el tribunal de último recurso para los crímenes más graves, entra en acción cuando las cortes nacionales no pueden o no quieren investigar y enjuiciar este tipo de casos. En su último informe, la CPI había expresado su decepción por el hecho de que "el juicio aún no había comenzado y el gobierno de Guinea no había comunicado ningún calendario ni plan de acción para la apertura del mismo". La CPI había indicado que "las autoridades guineanas deberán demostrar, en los próximos meses, su voluntad y capacidad para luchar contra la impunidad y prevenir nuevos ciclos de violencia." Los socios de Guinea, en particular la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), la Unión Africana, la Unión Europea, la CPI y las Naciones Unidas deben prestar mayor atención a la situación actual del país y reforzar sus acciones y su apoyo, por un lado, para que el juicio del 28 de septiembre se organice lo antes posible y, por otro, para que las nuevas autoridades de Guinea respeten los derechos humanos. Antecedentes Poco antes del mediodía del 28 de septiembre de 2009, varios cientos de miembros de las fuerzas de Guinea abrieron fuego contra decenas de miles de personas que se habían reunido pacíficamente en el estadio del 28 de septiembre en Conakry en una marcha convocada contra la intención de Dadis Camara de presentarse a la presidencia. Las fuerzas de seguridad también violaron individualmente o en grupo a más de 100 mujeres y agredieron sexualmente a algunas de ellas con objetos como porras o bayonetas, durante los acontecimientos o poco después de los mismos. Las fuerzas de seguridad mataron a más de 150 personas e hirieron a varios cientos más. Las fuerzas de seguridad organizaron entonces una operación para encubrir lo sucedido, sellando todas las entradas del estadio y las morgues y retirando los cuerpos para enterrarlos en fosas comunes, en las que aún quedan muchos cadáveres sin identificar. En abril de 2018, el entonces ministro de Justicia, Cheick Sako, creó un comité directivo para organizar el juicio y determinó que el tribunal de apelación de Conakry sería el lugar de celebración. En enero de 2020, el ministro de Justicia, Mohammed Lamine Fofana anunció a las Naciones Unidas el respaldo "inequívoco" de su gobierno a la apertura del juicio. A pesar de su anuncio de que las actuaciones comenzarían en junio, tras la finalización de la construcción de las instalaciones de la sala de audiencias, el juicio no ha avanzado. En junio, Mory Doumbouya fue nombrado ministro de Justicia. El ministro Doumbouya afirmó que apoyaba la celebración el juicio, pero que la responsabilidad de organizarlo recaía en el poder judicial.