El 1 de febrero de 2022, un grupo de hombres armados atacó el Palacio de Gobierno en la capital, Bissau, mientras se celebraba el Consejo de Ministros con la asistencia del presidente de la República, Umaro Sissoco Embalo. Tras cinco horas de enfrentamiento en el que murieron 11 personas, según los datos oficiales, las autoridades lograron frustrar este intento de golpe de Estado.
Después de estos violentos hechos, la situación de la seguridad en el país se ha deteriorado considerablemente, especialmente para las personas defensoras y las organizaciones de derechos humanos.
El 8 de febrero de 2022, la Liga Guineana de Derechos Humanos (LGDH), miembro de la FIDH, celebró una conferencia de prensa en reacción al ataque al Palacio de Gobierno, en la que pidió que se llevase a cabo una investigación transparente para llevar a los responsables ante la justicia. El contenido de esta declaración no fue del agrado de las autoridades de Guinea-Bissau, que comenzaron a intimidar y amenazar a los miembros de la LGDH. El 10 de febrero de 2022, la LGDH celebró una segunda conferencia de prensa en la que denunció los abusos cometidos por personas no identificadas contra la ciudadanía y los medios de comunicación desde la intentona golpista, sobre todo el ataque a los locales de Radio Capital FM, así como el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. Desde estos encuentros con la prensa, la directiva de la Liga, entre otros, su presidente Augusto Mário da Silva y su vicepresidente Bubacar Turé, han recibido amenazas de muerte anónimas y visitas intimidatorias de hombres armados a sus respectivos domicilios. Como consecuencia de ello, varios miembros de la LGDH y de la disidencia se han visto obligados a abandonar sus hogares en busca de lugares más seguros.
Tras estos actos de intimidación contra las personas defensoras de los derechos y disidentes, algunos hombres armados asaltaron el domicilio de Luís Vaz Martins, ex presidente de la LGDH, que se ha visto obligado a huir a una casa más segura.
Además, la libertad de prensa se ha visto seriamente amenazada desde el intento de golpe de Estado, y los medios de comunicación independientes han sido objeto de ataques por su postura crítica hacia las autoridades del país. El 7 de febrero de 2022, los locales de Radio Capital FM en Bissau, emisora independiente crítica con el régimen, sufrieron un ataque a manos de pistoleros enmascarados que destruyeron sus equipos e hirieron a siete periodistas, uno de los cuales se encuentra en estado grave. Además, a primera hora de la noche del 8 de febrero de 2022, varios hombres armados con uniformes de la Policía de Intervención Rápida atacaron la casa de Rui Landim, comentarista político de Radio Capital FM, disparando armas automáticas y gases lacrimógenos contra la vivienda. Los locales de la emisora ya habían sufrido un ataque en el que se destruyó prácticamente la totalidad de su equipo, el 26 de julio de 2020.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos expresa su más profunda preocupación por el deterioro de la situación de seguridad en Guinea-Bissau y su impacto en las personas defensoras de los derechos humanos, los medios de comunicación independientes y las organizaciones de la sociedad civil. Estas agresiones socavan considerablemente los derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente, como la libertad de expresión y la libertad de asociación.
El Observatorio insta a las autoridades de Guinea-Bissau a tomar todas las medidas necesarias para garantizar en toda circunstancia la integridad física y el bienestar psicológico de todas las personas defensoras de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil en el país. El Observatorio insta asimismo a las autoridades a que pongan fin a todos los actos de acoso contra las organizaciones dedicadas a actividades legítimas de derechos humanos en Guinea Bissau, y a que garanticen en todas las circunstancias que puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin obstáculos ni temor a represalias.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (el Observatorio) fue creado en 1997 por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). Su objetivo es prevenir o remediar situaciones de represión contra los defensores de los derechos humanos. La FIDH y el OMCT son miembros de ProtectDefenders.eu, el mecanismo de la Unión Europea para las personas defensoras de los derechos humanos que ha puesto en marcha la sociedad civil internacional.