Costa de Marfil: la violencia sexual parece estar subestimada
Aunque aparentemente el gobierno de Costa de Marfil está comprometido con la lucha contra la violencia sexual y de género, es difícil evaluar la eficacia de sus políticas, ya que los datos sobre violencia sexual parecen estar subestimados. Según los datos nacionales más recientes, en 2020 se produjeron 822 casos de violación, 152 de agresión sexual, 96 de matrimonio forzado y 13 de mutilación genital femenina. Tres cuartas partes de las víctimas son menores de 18 años y el 98% de las víctimas menores de edad son niñas.
Además de los obstáculos conocidos que impiden a las víctimas de la violencia sexual hablar de los actos de los que han sido objeto o presentar una denuncia –como el miedo a la estigmatización, el desconocimiento de los procedimientos y las instituciones o la vergüenza–, el informe muestra que la falta de denuncia se debe sobre todo a la prevalencia de los acuerdos amistosos, muy extendidos en todo Costa de Marfil. El uso de la justicia comunitaria impide a las víctimas acceder a una justicia moderna y a una atención adecuada.
"A menudo facilitados por las familias de las víctimas y los agresores, los líderes comunitarios y religiosos –y a veces incluso por los proveedores de asistencia–, los acuerdos extrajudiciales dan primacía a los intereses del agresor, en particular a su libertad, sobre los de las supervivientes, cuyos daños no se reconocen ni se compensan."
Obstáculos para la atención y el apoyo adecuados a las víctimas
Pocas supervivientes consiguen denunciar la violencia sexual sufrida, por lo que se enfrentan a nuevas dificultades dentro del sistema de atención. La atención médica, psicológica y social, así como el acceso a la justicia, no están garantizados.
"Los servicios sociales están paralizados por la falta de medios. Los servicios de asistencia jurídica y judicial son casi inexistentes. Las víctimas no tienen acceso a asistencia letrada, por lo que no se les informa de sus derechos, ni de la evolución de su caso cuando está en marcha".
Drissa Bamba, presidente del Movimiento Marfileño de Derechos Humanos (MIDH), otra organización miembro de la FIDH, afirma: "Los procedimientos son lentos y las condenas son escasas. De los 31 casos de violencia sexual documentados por nuestras organizaciones, ninguno ha acabado en condena, y uno ha terminado siendo desestimado".
Recomendaciones: un acceso efectivo a la justicia
El informe concluye con recomendaciones concretas que el gobierno de Costa de Marfil debería aplicar sin demora para respetar sus compromisos regionales e internacionales, que exigen que las víctimas tengan un acceso efectivo a la justicia y una atención adecuada e integral.
La FIDH, con sus miembros y socios marfileños, formó la Red de Acciones contra la Violencia Sexual (RAVS) a finales de 2019. Esta Red está formada por 12 organizaciones de la sociedad civil, que operan en 18 regiones del país y están especializadas en diferentes ámbitos de la lucha contra la violencia sexual (legal, social, médico y psicológico).
Ver aquí el informe (en francés)