Uagadugú, París, 30 de octubre de 2014 – La FIDH y el MBDHP condenan los violentos episodios que han tenido lugar esta mañana en Burkina Faso y llaman a la calma a los manifestantes y a las fuerzas de seguridad. Según las informaciones recibidas de nuestras organizaciones, miles de manifestantes, que se oponen al proyecto de ley sobre la revisión del artículo 37 de la Constitución burkinesa, habrían irrumpido la Asamblea Nacional, saqueando y robado sus dependencias, así como las de la Radio Televisión de Burkina (RTB) que ha interrumpido las emisiones.
"La situación es muy preocupante. Tememos que degenere y propicie que se cometan graves violaciones de los derechos humanos. Las tensiones generadas en el seno de la sociedad burkinesa por el anuncio del Gobierno, incluso entre los jóvenes que no han conocido otro régimen que el de M. Compaoré, son muy elevadas," ha declarado Chrysogone Zougmoré, presidente del MBDHP.
El 21 de octubre pasado, el Gobierno había anunciado, al término de un Consejo de Ministros, un proyecto de ley sobre la revisión del artículo 37 de la Constitución burkinesa, con el fin de suprimir la limitación de los mandatos presidenciales y permitir así a Blaise Compaoré, en el poder desde 1991, presentarse para un quinto mandato. La Asamblea Nacional debía examinar este proyecto de ley hoy. La FIDH y el MBDHP condenan el proceso de revisión constitucional contrario a las obligaciones internacionales contraídas por Burkina Faso y recuerdan que la Carta Africana de la Democracia, de las Elecciones y de la Gobernanza, ratificada por Burkina en 2010, prevé, en su artículo 23, sanciones en caso "[de] enmienda o [de] revisión de las Constituciones o de los instrumentos jurídicos que menoscaben los principios de alternancia democrática."
"Al querer mantenerse en el poder que ocupa desde hace 27 años, aún a costa de una nueva revisión de la Constitución, Blaise Compaoré renuncia a sus compromisos. Y al proponer esta revisión a tan sólo unos meses de las elecciones presidenciales, contraviene también los compromisos adquiridos por el Estado burkinés ante la Unión Africana y la CEDEAO. Todavía hay tiempo de dar marcha atrás. El voto de los burkineses tiene que poder contar," declaró el abogado Drissa Traoré, vicepresidente de la FIDH.
Al anuncio del Gobierno le han seguido vivas protestas, principalmente entre las filas de los partidos políticos de la oposición y de la sociedad civil. El martes 28 de octubre tuvo lugar en la capital una manifestación de cientos de miles de participantes que se oponían al proyecto y que se ha caracterizado por los numerosos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes. Según las informaciones recogidas por nuestras organizaciones, varios manifestantes continúan detenidos.
El anuncio del cierre de los centros de enseñanza durante toda la semana da testimonio, asimismo, de un contexto social particularmente tenso, amplificado por las declaraciones de algunos líderes políticos. "Si queman la casa de un solo militante de la mayoría, en vuestras comunidades, en vuestros barrios no debería quedar ni una sola casa de los jefes de la oposición aún en pie", declaró el sábado 25 de octubre, Assimi Kouanda, jefe de filas del partido presidencial, añadiendo, para los responsables provinciales del partido: "Si alguien se atreve a tocar a una de sola de vuestras madres o hermanas, o a uno de vuestros padres o hermanos mayores, (...) esta persona ya no tocará a nadie más". Nuestras organizaciones condenan estas declaraciones y piden moderación a las autoridades y a los manifestantes.
"Mi voto tiene que contar"
Entre 2014 y 2016, está prevista la celebración de 52 elecciones en 27 países africanos, de las cuales 25 son elecciones presidenciales. Para evitar la manipulación, el fraude y la violencia debido a las elecciones truncadas, la sociedad civil africana e internacional ha decidido movilizarse en el seno de la coalición "Mi voto tiene que contar". Las sociedades civiles exigen gobernantes que respeten su derecho legítimo a elegir libremente a sus representantes mediante elecciones regulares, libres y transparentes, a la movilización pública, acciones sobre el terreno y promoción política antes de cada escrutinio hasta 2016.