Señalando las "abrumadoras pruebas" de violación por parte de Polonia de los principios básicos de la Unión Europea de respeto de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), el Comité LIBE también pidió al Consejo y a la Comisión que se abstuvieran de interpretar en forma restrictiva esos principios y que utilizaran el procedimiento previsto en el párrafo 1 del artículo 7 del TUE para examinar no solo el estado de derecho, sino también las violaciones de la democracia y los derechos fundamentales.
De hecho, el escrutinio de la Comisión y el Consejo se ha limitado hasta ahora a los aspectos relacionados exclusivamente con el estado de derecho, es decir, al funcionamiento y la independencia del poder judicial polaco, y ha hecho caso omiso de otras violaciones graves del artículo 2, entre ellas, las violaciones de la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, la libertad de reunión y asociación, la discriminación y la violencia contra grupos vulnerables, como las personas LGBTI+, y las violaciones de los derechos de las mujeres. Por último, pero no por ello menos importante, en el contexto de las recientes elecciones presidenciales también se ha visto comprometido el derecho a unas elecciones libres y justas.
La FIDH y sus organizaciones miembros en Polonia acogen con satisfacción las conclusiones del informe, que reflejan en gran medida las preocupaciones y recomendaciones que han planteado sistemáticamente en el ámbito de la Unión Europea con respecto a Polonia. En los últimos años, la FIDH ha acompañado a la sociedad civil polaca en la defensa de sus derechos, al alzar la voz contra estos persistentes intentos de socavar el estado de derecho y los derechos humanos y abogar ante las principales instituciones de la Unión Europea para que actúen ante estas violaciones del Gobierno de Polonia. Más recientemente, en febrero de 2020, la FIDH y varias organizaciones de la sociedad civil instaron al Consejo a hacer avanzar el procedimiento del artículo 7 en relación con Polonia, que puede conducir a la suspensión del derecho de voto de Polonia en el Consejo.
Está previsto que el informe provisional del Parlamento Europeo se debata y someta a votación en el pleno en septiembre de 2020.
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