En una resolución histórica aprobada en su 28º periodo de sesiones, celebrado en marzo de 2015, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó el mandato de Relator Especial sobre el derecho a la privacidad, que abordará muchos y polifacéticos desafíos trasnacionales, en una época en la que la (mala) utilización de las tecnologías de comunicación y vigilancia amenazan con limitar drásticamente los derechos fundamentales y el derecho de las personas a la seguridad y a la intimidad.
Según informa la FIDH, el nuevo mandato se ocupará de las siguientes cuestiones:
– El uso de sistemas de vigilancia masivos, la interceptación de las comunicaciones y la recopilación y utilización de datos personales a gran escala por parte de las agencias estatales, como se venía haciendo en el programa PRISM de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU y en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia;
– El uso por parte de algunas empresas de técnicas y tecnologías de vigilancia contra sindicatos, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas, así como la obligación de los Estados afectados de regular su uso y de reaccionar ante los abusos, en especial en Brasil, Perú y Colombia; y
– La exportación de tecnologías de vigilancia a Estados que hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos, como ocurrió en Libia con el régimen de Gadafi y en Siria con El Asad y la tecnología de vigilancia exportada por empresas francesas (véase el informe de la FIDH: "Tecnologías de vigilancia "Made in Europe": Regular para prevenir las violaciones de derechos humanos y los litigios contra Amesys y Qosmos).
La FIDH abogó por la creación de este mandato, al pedir al Consejo de Derechos Humanos que diera ese paso (en inglés), abordase todas las violaciones y abusos contra el derecho a la intimidad, incluso mediante seguimiento y control, visitas a los países, comunicaciones individuales e informes públicos, y formulase recomendaciones en consecuencia.