Durante el proceso se vio claramente que los cargos contra los campesinos eran ambiguos e indeterminados. Estos defensores fueron criminalizados durante 3 años y durante este tiempo estuvieron sometidos a medidas limitativas de su libertad individual y perdieron recursos y energía para defenderse. Lamentablemente no sólo en Honduras se utiliza el proceso penal para criminalizar la protesta social, sino que es un fenómeno extendido en prácticamente toda América Latina. Sobre este tema la FIDH publicó recientemente un informe disponible aquí.
El Observatorio para la protección de Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT) insta al poder judicial de Honduras a no ser cómplice de la indebida criminalización a defensores de derechos humanos y a iniciar una reflexión sobre su sistema judicial sobre la necesidad de impartir justicia, respetando la igualdad entre las partes sin privilegiar los intereses de poderes políticos y económicos.
El Observatorio estuvo presente a través de una Misión de Observación Judicial para presenciar el juicio oral y público. Asimismo agradece y felicita a las organizaciones miembro de la FIDH en Honduras, COFADEH y CIPRODEH, por el trabajo de defensa y acompañamiento realizado en este caso.
El detalle de lo observado en este juicio y del caso, formará parte del Informe del Observatorio sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Honduras, y será publicado en los próximos meses.