Este proceso involucra al director de la empresa del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, que fue condenado como coautor del asesinato de Berta Cáceres en julio de 2021, caso monitoreado por la FIDH desde el 2016.
La FIDH, junto con sus organizaciones miembro el CAJAR (Colombia), CALDH (Guatemala) y CIPRODEH (Honduras) presentaron un Amicus Curiae con el fin de apoyar el recurso de amparo constitucional presentado por el COPINH, organización de la comunidad indígena Lenca.
En su sentencia, la Corte considera la protección especial y diferenciada de las comunidades indígenas y tribales que otorga el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente a través del Convenio 169 de la OIT y sus dos postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias y sus derechos a participar de manera efectiva en las decisiones que los afectan.
Igualmente la sentencia estima “que la concesión del Rio Gualcarque a través de acciones, que de ser declaradas culpables menoscaban los derechos de los pueblos indígenas y lo hacen de manera directa afectando sin lugar a dudas toda la comunidad indígena en sus territorios. De allí el derecho de estos pueblos de personarse como acusador privado en el proceso que se ventila por tales acciones” (pag.21).
La FIDH, CAJAR, CALDH y CIPRODEH argumentaron en su Amicus que se debía reconocer el derecho de la comunidad Lenca como comunidad indígena de participar en las decisiones que los afectan, incluyendo procesos judiciales. Igualmente, que los procesos de corrupción no afectan sólo la fe pública, sino que también pueden tener víctimas, en particular cuando la corrupción puede ser la causa de violaciones de derechos humanos. En esta Sentencia la Corte reconoce la condición de víctima de la comunidad Lenca por la afectación de sus derechos a causa del fraude que se va a juzgar.
Esta sentencia es una importante victoria para el COPINH y la comunidad Lenca de Río Blanco, así como un importante antecedente legal para los procesos por corrupción que afectan a comunidades indígenas y tribales en Honduras y en el mundo.