Esta resolución es consecuencia de la labor de incidencia política realizada por la FIDH y por su organización miembro SUARAM, que han llevado a cabo tareas de sensibilización entre los parlamentarios y parlamentarias del PE para pedir un compromiso profundo de la UE en relación a los derechos humanos en Malasia.
El PE deplora la continuada aplicación de la pena de muerte, la criminalización de las personas LGBTI y la represión generalizada sobre la sociedad civil, especialmente contra los y las activistas políticos y los medios de comunicación. Pidió la abolición de la pena de muerte, que se revoque la Ley de Sedición y que toda su legislación sea conforme a los criterios internacionales en cuanto a libertad de expresión y reunión y protección de los derechos humanos. El PE manifestó una especial preocupación por la aprobación del proyecto de ley sobre el Consejo de Seguridad Nacional e instó a que se retirase. Teniendo en cuenta que en breve se reanudarán las negociaciones sobre relaciones comerciales entre la UE y Malasia, la resolución también incluye una recomendación a la Comisión para que tenga en cuenta los derechos humanos en las futuras negociaciones bilaterales.