Colombia: Una decisión judicial rechaza las pretensiones de las empresas y permite que continúe el procedimiento contra la presa de Hidroituango de EPM

A pesar de las excepciones planteadas por empresas y autoridades, el procedimiento que pretende obtener la nulidad de la licencia ambiental del megaproyecto de Hidroituango seguirá adelante. Tras una audiencia celebrada el 30 de octubre de 2020, se emitió una resolución que niega todas las excepciones preliminares planteadas por las entidades demandadas, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corantioquia, Corpouraba, Hidroituango S.A. E.S.P. y EPM E.S.P.

En marzo de 2017, la FIDH y su organización miembro, junto con la representación de las víctimas, interpusieron una acción para impugnar la legalidad de la licencia ambiental, alegando que se había ignorado el derecho fundamental a la participación efectiva de las comunidades afectadas, se habían cometido irregularidades de procedimiento y se habían causado impactos a la cultura ancestral y campesina de las comunidades en los territorios afectados.

Hidroituango es un proyecto de Empresas Públicas de Medellín (EPM) para la construcción de una presa hidroeléctrica que pretende generar 2,440 MW, con un embalse de 79 kilómetros de longitud y un muro de 225 metros de altura, que afecta a una docena de municipios en la cuenca del río Cauca en Antioquía. Las obras ya se han iniciado, lo que ha provocado desplazamientos forzados de población, talas e impactos negativos sobre el bosque seco tropical en la zona.

La FIDH se ha involucrado activamente en el caso, y presentó un amicus curiae el 3 de octubre de 2019 en el marco de una demanda presentada el 27 de marzo de 2017 contra la licencia ambiental concedida al megaproyecto energético de Hidroituango. La FIDH ha aunado esfuerzos de incidencia para movilizar a la comunidad internacional ante la situación a la que se enfrenta la población afectada por el proyecto Hidroituango y el Movimiento Ríos Vivos Antioquía.

El proceso continuará y ya se ha programado una audiencia probatoria para el 24 de febrero de 2021.

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