El 14 de marzo de 2016, el Consejo de la Unión Europea publicó su decision relativa a la conclusión del procedimiento de consulta con la República de Burundi (FR) al amparo del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú. A la vista de que el Gobierno de Burundi no ha cumplido de forma satisfactoria con los compromisos propuestos para acabar con las violaciones de derechos humanos, la Unión Europea decidió adoptar las "medidas pertinentes" para lograr la aplicación de estos compromisos.
Para ello, la Unión Europea destinará toda su ayuda directamente a la población y la sociedad civil de Burundi, con especial énfasis en la ayuda humanitaria, sanitaria y de lucha contra la pobreza. Los fondos de ayuda hasta ahora administrados por las instituciones de Burundi están suspendidos y únicamente se restablecerán gradualmente una vez que se tomen medidas concretas para aplicar un acuerdo para poner fin a la crisis política, medidas que favorezcan el diálogo pacífico de los actores políticos y para la gestión de los asuntos judiciales.
En los últimos meses, la FIDH y su organización miembro en Burundi, Iteka, han llevado estas prioridades a sus diferentes intercambios con las instituciones europeas y los Estados miembros, mientras han seguido pidiendo a la comunidad internacional que tome medidas urgentes para terminar con la violencia y saquen a Burundi de la crisis.