Esta resolución fue apoyada por 20 miembros del Consejo, con 6 votos en contra y 21 abstenciones. La delegación de la UE presentó el borrador de este documento en el que pone de manifiesto "la continua falta de cooperación del Gobierno de Belarús con el mandato de la Relatora Especial, una importante fuente de información y de conocimiento experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Belarús". El documento expresaba "su preocupación persistente ante la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Belarús, en particular las restricciones indebidas y el carácter prohibitivamente oneroso de los trámites relacionados con el ejercicio de las libertades de reunión, asociación y expresión pacíficas."
La FIDH y su organización miembro, el Centro de Derechos Humanos Viasna, llevaron a cabo una labor de incidencia en Bruselas ante las principales partes interesadas de la UE para la ampliación del mandato de la Relatora Especial hasta que Belarús muestre voluntad de cooperar e implementar reformas que eviten las violaciones masivas que motivaron la creación de esta relatoría.