La UE debería abordar problemas de criminalización, justicia y derecho a la tierra en Ecuador

08/04/2016
Carta abierta
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Estimada Señora Mogherini:
Estimado Señor Mimica:
Estimada Señora Malmström:
Estimada Señora Zacarias:

La FIDH y sus organizaciones miembro en Ecuador, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) quisieran llamar su atención sobre la deterioración de la situación de los defensores de derechos humanos en Ecuador. Nuestras organizaciones están convencidas de que la UE tiene todos los instrumentos a su disposición para cumplir con su compromiso de proteger a los defensores de derechos humanos [1], y para asegurar que todos los aspectos de la relación UE-Ecuador (diálogo político, comercio, cooperación al desarrollo) sean coherentes con las obligaciones internacionales de derechos humanos en ambos lados.

Desde el 2006, nuestras organizaciones han estado documentando y denunciando la criminalización de los defensores de derechos humanos y líderes sociales en Ecuador. Nuestro informe conjunto, publicado el 10 de diciembre de 2015 [2], documenta los ataques contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, la implicación del sector privado y los defectos del sistema judicial – el cual muestra gran diligencia cuando se trata de procesos penales iniciados por las empresas, y sin embargo deja impunes las violaciones de derechos humanos.

El informe destaca por ejemplo, los casos de los Señores José Acacho González y Pedro Mashiant Chamik, dos líderes indígenas que recibieron una sentencia de 12 años de prisión basada en una definición abstracta y ambigua del crimen de “terrorismo”. Fueron declarados responsables de la muerte del Señor Bosco Wisuma, únicamente por haber organizado la protesta durante la cual fue asesinado.

Otro caso emblemático es el de Javier Ramírez: en la petición de allanamiento de su vivienda por parte de la policía, puede leerse que el fundamento radica en su liderazgo de un movimiento social contra un proyecto minero.

Por otro lado, los asesinatos de los Señores José Tendetza, Fredy Taish y Bosco Wisuma, tres líderes indígenas involucrados en luchas para la defensa de sus derechos y denuncia de violaciones vinculadas con proyectos mineros, permanecen en la impunidad. Adicionalmente, organizaciones especializadas en derechos humanos y en la defensa del derecho a la tierra, como la Fundación Pachamama, han sido disueltas por el gobierno.

Los ataques en contra de defensores de derechos humanos y pueblos indígenas documentados por el informe ocurren en un contexto de desarrollo de proyectos de inversión – los cuales generan conflicto de tierras – y de inseguridad de la tenencia de la propiedad. Se destaca la falta de consulta y de participación de los ciudadanos y campesinos afectados en general – y en particular, de los pueblos indígenas cuyo derecho a la consulta previa está reconocido en la Constitución – en la toma de decisiones relacionadas con sus tierras.

La UE tiene una responsabilidad específica de abordar el problema de la falta de independencia de la función judicial, las violaciones del derecho a la tierra, los ataques y la criminalización de los defensores de derechos humanos y la desigualdad ante la ley entre las empresas y los líderes sociales. Para que Ecuador forme parte del Tratado de Libre Comercio entre la UE, Colombia y Perú, es crucial que la UE se asegure de que sus propias empresas no se vuelvan cómplices de violaciones de derechos humanos en el extranjero, y que no abusen del poder judicial. Además, la UE debe asegurarse que el comercio beneficie a todos, incluyendo a los fragmentos más pobres de la población ecuatoriana, a los propietarios y usuarios de la tierra, y a las comunidades indígenas, como lo sugiere la nueva estrategia oportunamente nombrada “Trade for all” (Comercio para todos) [3].

Para llegar a ese objetivo, estamos convencidos que la UE debería implementar las medidas complementarias incluidas en el informe final de la evaluación de impacto de sostenibilidad de octubre 2009 [4]. También debería establecer un comité de derechos humanos en el marco del Tratado de Libre Comercio EU-Colombia-Perú y un mecanismo de denuncias al que puedan recurrir las poblaciones afectadas, sus representantes y las ONGs. Esto debería estar completado por una mejora del funcionamiento del Grupo Consultivo Interno (DAG o “Domestic Advisory Group”), y el establecimiento de un DAG por país para facilitar que las discusiones se desarrollen de manera constructiva y eficaz.

Además de las acciones tomadas en el sector del comercio, los servicios diplomáticos de la UE (EEAS y HR/VP) deberían expresar públicamente sus preocupaciones con respecto a la criminalización de los defensores del derecho a la tierra, e instar a las autoridades ecuatorianas que investiguen y enjuicien correctamente las violencias perpetradas en contra de los defensores. También deberían adoptar un enfoque de derechos (incluyendo los derechos humanos y el derecho a la tierra) en sus relaciones con Ecuador, conforme a la Constitución ecuatoriana del 2008, el Plan Nacional Para el Buen Vivir 2013-2017, y los compromisos de la UE.

En este contexto, la delegación de la UE en Quito tiene un papel importante. Debería asegurarse de la plena aplicación de las Directivas de la UE sobre los defensores de derechos humanos [5] y del Plan de Acción sobre la Democracia y los Derechos Humanos 2015-2019 [6]. Pensamos que se pudiera llegar a la plena aplicación de estos documentos a través del establecimiento de un grupo de trabajo (incluyendo a la Delegación de la UE, las embajadas de los Estados Miembros, y todas las demás misiones diplomáticas relevantes) que se pudiera reunir frecuentemente para evaluar la situación de los defensores de derechos humanos en Ecuador, en cooperación con la sociedad civil, y proponer acciones concretas para asegurar su protección.

La delegación de la UE también debería organizar actividades de alcance en las zonas rurales (por ejemplo en las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Azuay o en la provincia de Bolívar e Ibambura). Debería acercarse a las empresas europeas presentes en Ecuador para sensibilizarlas a los problemas de derecho a la tierra y ataques en contra de defensores de derechos humanos, y alentarlas a aplicar plenamente los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos.

Por último, estamos convencidos que la UE puede hacer la diferencia a través de la plena aplicación de un enfoque de derechos humanos en sus programas de desarrollo dirigidos a Ecuador. La UE debería asegurarse que los objetivos, indicadores y evaluaciones de su Programa Indicativo Anual y de los programas de apoyo a los sectores de justicia y seguridad de sus Estados Miembros cubran aspectos tan importantes como la resolución de conflictos sobre la tierra, la protección de las comunidades y de sus líderes , el acceso igual a la justicia, y el estado de derecho.

Permanecemos a su disposición para discutir conjuntamente de la aplicación de estas recomendaciones.

Reciban un cordial saludo,

Karim Lahidji
Presidente de la FIDH

Elsie Monge
Directora de la CEDHU
Vice-Presidenta de la FIDH

Beatriz Villareal
Directora de INREDH

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