La Resolución 76/262 de la Asamblea General sobre un Mandato permanente para que se celebre un debate de la Asamblea General cuando se emita un veto en el Consejo de Seguridad ordena a la Asamblea General de las Naciones Unidas que examine el uso del veto por parte de los miembros permanentes del Consejo y que convoque automáticamente en un plazo de 10 días desde el ejercicio del derecho a veto, un debate sobre la situación a la que se refiera.
"La votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas es un paso positivo. Es crucial que la comunidad internacional encuentre formas de evitar el bloqueo del Consejo de Seguridad. A partir de ahora, los cinco miembros permanentes ya no podrán ejercer su veto sin someterlo posteriormente a debate en la Asamblea General. Este hecho podría tener un peso político importante y contribuir a reafirmar el papel de los Estados miembros de la ONU en su conjunto, por encima de las medidas unilaterales que adopten los cinco Estados más poderosos. Esto es lo que ocurrirá durante el periodo provisional, a la espera de las reformas del Consejo de Seguridad sobre las categorías de miembros, la representación regional, el tamaño del Consejo de Seguridad, la relación entre el Consejo y la Asamblea General y el poder de veto."
En algunas de las situaciones más trágicas de los tiempos modernos, algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad han ejercido su derecho al veto para proteger a los gobiernos de Siria, Israel o Rusia de las resoluciones sobre los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos contra la población civil de Palestina, Siria o Ucrania.
El hecho de que alguno de los cinco miembros permanentes haya ejercido su poder de veto para proteger sus intereses nacionales en un contexto de crisis de derechos humanos, sobre todo cuando se ha producido genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, constituye una violación del derecho internacional vigente. De hecho, todos los Estados están obligados a respetar las normas de ius cogens. Además, el apartado 2 del artículo 24 de la Carta de la ONU establece que el Consejo de Seguridad debe proceder "de acuerdo con los Propósitos y Principios" de las naciones Unidas. El ejercicio de su derecho de veto ha impedido a varios miembros permanentes cumplir con su obligación de actuar para proteger la paz y la seguridad mundiales.
Antecedentes
Desde la creación del Consejo de Seguridad en 1946 hasta hoy, se ha utilizado el poder de veto 263 veces (120 Rusia, 82 Estados Unidos, 29 el Reino Unido y 16 Francia y China). Este poder ha impedido históricamente que el Consejo de Seguridad interviniera en las situaciones de los Territorios Palestinos Ocupados y en los conflictos árabe-israelíes (34 resoluciones bloqueadas por Estados Unidos), en la Sudáfrica del apartheid y, más recientemente, en las guerras de Siria (vetada por Rusia y China) y de Yemen, o tras la invasión rusa de la región de Crimea en Ucrania y la región del Donbas en 2014, 2015 y a principios de 2022 (vetada por Rusia).
Los cinco miembros permanentes han ejercido sistemáticamente su derecho de veto sobre todo para proteger sus intereses nacionales, dejando de lado su primera responsabilidad, mantener la paz y la seguridad internacionales a través de la protección de los derechos humanos.
La Asamblea General de las Naciones Unidas está facultada para intervenir con el fin de mantener la paz y la seguridad internacionales, especialmente cuando el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad entre sus cinco miembros permanentes, no toma medidas. Anteriormente, esto se ha producido mediante la aplicación de la resolución A/RES/377 de la Asamblea General, "Unidos por la paz", que se ha invocado en 13 ocasiones entre 1951 y 2022. La más reciente se produjo tras el veto de Rusia a una resolución sobre la invasión de Ucrania, tras lo que tuvo lugar un debate y la resolución de la Asamblea General del 28 de febrero de 2022.
Al tomar medidas sobre estos asuntos, la Asamblea General puede formular las recomendaciones que proceda a los miembros de la ONU para que tomen medidas colectivas, incluso el uso de la fuerza armada cuando sea necesario.
Otras dos iniciativas desplegadas desde 2015 animaron a los miembros del Consejo de Seguridad a "abstenerse" de utilizar el veto en situaciones de crímenes graves y atrocidades masivas. En 2015, Francia y México animaron a los cinco miembros permanentes a no utilizar su derecho de veto en caso de atrocidades masivas. El grupo ACT (Accountability, Coherence, Transparency), formado por 27 miembros, pidió que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas adopten un Código de Conducta, por el que se comprometan a no votar contra un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad cuyo objetivo sea prevenir o responder a atrocidades masivas, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Lamentablemente, aunque Francia y el Reino Unido han dejado de utilizar su derecho de veto desde entonces, ninguna de estas iniciativas ha impedido que los otros tres miembros permanentes recurran a él en situaciones definidas en el Código de Conducta.
Aunque este escrutinio permitirá reforzar el control político del Consejo de Seguridad, las decisiones de la Asamblea General no son legalmente vinculantes. Se trata de un avance hacia una mayor responsabilidad de los cinco miembros permanentes, aunque el desequilibrio de poder estructural en última instancia a favor de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad permanece esencialmente inalterado.