Desarrollo Sostenible: Los Estados deben marcar un punto de inflexión en la gobernanza mundial

25/09/2015
Comunicado
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Entre 25 y el 27 de septiembre de 2015, las Naciones Unidas celebrarán una Cumbre en la que se aprobará una nueva agenda para el desarrollo sostenible hasta 2030. Este programa incluirá objetivos que serán mucho más concretos, ambiciosos y cercanos para las personas y para los pueblos que los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En un documento de posición que se ha hecho público hoy, la FIDH acoge con satisfacción los avances realizados pero expresa sus dudas sobre la capacidad de los Estados para aplicar estos compromisos, especialmente en un momento en el que estos –sobre todo los Estados más pobres–, están perdiendo la capacidad de legislar en el ámbito nacional a favor de un desarrollo justo e inclusivo o de corregir las dañinas políticas de los actores transnacionales.

Los nuevos Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) cumplen con las obligaciones universales de los Estados en materia de derechos humanos, puesto que los sitúa en el centro de las políticas de desarrollo, reafirman que estos derechos son universales, indivisibles y que deben aplicarse sin discriminación. Es prioritario garantizar el derecho de toda persona a acceder a la justicia para defender sus derechos, constituye una elección significativa en un mundo en el que cada vez están más generalizados los ataques contra quienes defienden sus derechos y en el que los mecanismos de defensa contra las violaciones de los derechos humanos perpetradas por las empresas multinacionales son escasos y por lo general inaccesibles.

"En todos los continentes se cometen con total impunidad ataques y asesinatos contra quienes defienden a sus comunidades de los denominados ’proyectos de desarrollo’. Para las víctimas, en la mayoría de los casos, el acceso a la justicia no es más que un espejismo. Es por tanto esencial conseguir que el derecho de toda persona a acceder a la justicia sea una prioridad de los ODS", declaró Karim Lahidji, presidente de la FIDH.

A pesar de estas propuestas, se han evitado o eludido muchos de los principales retos y obstáculos para lograr que se respeten los derechos humanos en cuestiones de desarrollo. Además, aunque la principal responsabilidad de las políticas de desarrollo humano siga recayendo en los Estados, muchos de ellos no son capaces de regular en favor del mismo a escala nacional, ni de corregir las dañinas políticas de los actores transnacionales.

El programa no aborda los aspectos siguientes:

• Las metas meramente promueven el actual sistema multilateral de libre comercio, sin pronunciarse sobre las repercusiones negativas de los tratados de libre comercio sobre los derechos humanos, especialmente a través de estructuras de arbitraje del comercio internacional;

• Se menciona el papel de las empresas en el desarrollo humano, pero esencialmente de un modo positivo, sin tener en cuenta las violaciones a los derechos humanos de las que puedan ser responsables y sin abordar tampoco el riesgo que se corre al aumentar el papel del sector privado en la prestación de servicios públicos. En ningún momento el documento insta a los Estados a legislar para regular su conducta, y menos aún se menciona la posibilidad de que rindan cuentas ante tribunales independientes en caso de que se produzca una vulneración de derechos.

• Por último, la comunidad internacional ha rechazado apoyar la creación de una agencia de las Naciones Unidas que sería la encargada supervisar la cooperación internacional en materia de fiscalidad, lo que podría haber permitido acabar con los flujos financieros ilegales y luchar contra la evasión fiscal de las empresas. Sin embargo, en la actualidad los países desarrollados están perdiendo la capacidad de lograr el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, y más concretamente de garantizar una educación gratuita y de calidad y una atención sanitaria para todas las personas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible sustituirán a los Objetivos par el Desarrollo del Milenio (OMD) que se aprobaron ya hace 15 años y que han contribuido a reducir la pobreza en el mundo, han reforzado el acceso a la educación y también han mejorado la atención sanitaria y el acceso al agua. No obstante, y puesto que no se había establecido un vínculo claro entre los ODM y el respeto de los derechos humanos, se ha privado a la comunidad internacional de un punto de referencia esencial para comprender las causas de la pobreza. Y tal como ha señalado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las desigualdades se han agravado tanto entre los diferentes países como entre las diferentes personas dentro de los respectivos países.

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