Excelencias:
Las organizaciones no gubernamentales sursudanesas e internacionales abajo firmantes nos dirigimos a ustedes para instar a su delegación a que aborde la ausencia de rendición de cuentas por los abusos y las violaciones graves y generalizadas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que se cometen en Sudán del Sur, muchos de los cuales equivalen a crímenes de guerra y posiblemente a crímenes de lesa humanidad, durante el próximo 31o periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El informe final de la Comisión de Investigación de la Unión Africana sobre Sudán del Sur (AUCISS), [1] creada para investigar los abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno de Sudán del Sur, concluyó que las partes en el conflicto habían asesinado, torturado, infligido tratos crueles, inhumanos y degradantes, violado y cometido otros crímenes sexuales y de género contra la población civil. También concluyó que las partes en de conflicto habían reclutado forzosamente a menores, y saqueado y destruido bienes de carácter civil. El informe subrayaba que la rendición de cuentas es fundamental para construir una paz sostenible en Sudán del Sur y recomendaba el stablecimiento de un mecanismo judicial híbrido para hacer que los responsables respondan de sus
actos, entre otros procesos de justicia transicional.
En agosto de 2015, las partes en el conflicto firmaron un Acuerdo sobre la Resolución del Conflicto en Sudán del Sur (ARCSS). Dicho acuerdo dispone la formación de un gobierno de transición de unidad nacional y la convocatoria de elecciones nacionales transcurridos tres años. También prevé una amplia reforma del sector de la seguridad, el establecimiento de un Tribunal Híbrido para Sudán del Sur por la Comisión de la Unión Africana a fin de que se rindan cuentas por los crímenes de derecho internacional; una Comisión de la Verdad, la Reconciliación y Cicatrización de Heridas; una Autoridad de Indemnización y Reparación, así como un proceso de desarrollo constitucional permanente.
En enero de 2016, la División de Derechos Humanos de la Misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS) hizo público un informe en el que concluía que, pese al acuerdo de paz de agosto de 2015, “[l]a escala, intensidad y gravedad de las violaciones de derechos humanos y los abusos han aumentado con la continuación de las hostilidades, especialmente durante los brotes de combates de mediados de 2015 y de la última parte del año”. [2] También concluyó que el conflicto se había extendido a la región de Equatoria del país, que hasta entonces se había visto relativamente poco afectada por la violencia. La UNMISS señaló la ausencia de cualquier rendición de cuentas nacional tangible pese a la retórica de las principales partes contendientes, lo que reforzaba la necesidad de unas medidas internacionales de rendición de cuentas.
La Comisión de la UA no ha adoptado aún ninguna medida concreta para la creación de un tribunal híbrido.
El gobierno de Sudán del Sur y el Movimiento/Ejército de Liberación Popular de Sudán en la Oposición (SPLM/A-IO) deben implementar sin dilación las disposiciones sobre justicia transicional y rendición de cuentas del acuerdo de paz de agosto de 2015. La UA, la ONU y los países socios deben garantizar una actuación rápida, sobre todo en relación con el tribunal híbrido previsto. Un tribunal híbrido creíble e independiente que juzgue los crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto y que cumpla las normas internacionalmente aceptadas de justicia e imparcialidad podría hacer una contribución fundamental al logro de una paz sostenible.
En junio de 2015, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución A/HRC/RES/29/13, en la que pedía el despliegue de una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para observar la situación de los derechos humanos e informar sobre ella, y el establecimiento de indicadores para que la misión evaluase la eficacia de las medidas adoptadas por el gobierno, como las destinadas a garantizar la rendición de cuentas por abusos y violaciones de derechos humanos, lo que incluye, entre otras actuaciones, trabajar para establecer mecanismos de justicia penal apropiados.
Teniendo en cuenta los avances, aún limitados, en la rendición de cuentas, nuestras organizaciones creen que el Consejo de Derechos Humanos debe adoptar medidas significativas en el 31o periodo de sesiones para seguir de cerca el informe de la misión de expertos de la Oficina del Alto Comisionado, a fin de contribuir a que se haga justicia a las víctimas de la grave situación de los derechos humanos en Sudán del Sur.
El Consejo de Derechos Humanos deberá adoptar una resolución durante su próximo 31o periodo de sesiones a fin de:
– Condenar en los términos más enérgicos la continuación de las violaciones del derecho internacional
humanitario, de crímenes de derecho internacional que podrían equivaler a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y de otros abusos y violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos.
– Acoger con satisfacción el informe de la División de Derechos humanos de la UNMISS y alentarla a que siga elaborando informes periódicos y públicos.
– Establecer el cargo de relator especial sobre Sudán del Sur con el mandato de investigar e informar
públicamente sobre abusos y violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario; formular recomendaciones para lograr una rendición de cuentas efectiva por los crímenes cometidos y que se están cometiendo, incluso a través del establecimiento de mecanismos de justicia transicional; proporcionar asistencia técnica para el desarrollo de mecanismos de justicia transicional; y trabajar en estrecha colaboración con otras partes interesadas internacionales, como la UA, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo de la UA (IGAD) y la UNMISS, así como con organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, para promover los derechos humanos y la rendición de cuentas.
– Pedir al alto comisionado para los derechos humanos que nombre con carácter de urgencia a un grupo de
expertos en justicia internacional y rendición de cuentas por crímenes internacionales para que coordine y
complemente los esfuerzos para lograr la rendición de cuentas por abusos y violaciones de derechos humanos con los esfuerzos de la UA, la IGAD, la ONU y otros actores, basándose en la labor realizada por la UA, la IGAD y la UNMISS; proporcione ayuda técnica para la puesta en marcha del tribunal híbrido para Sudán del Sur, la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Cicatrización de Heridas, y la Autoridad de Indemnización y Reparación; proporcione ayuda técnica a los tribunales, la fiscalía y la policía nacionales para reforzar la capacidad nacional para realizar investigaciones y enjuiciamientos efectivos; e informe verbalmente al Consejo sobre sus conclusiones preliminares en un diálogo interactivo en su 33o periodo de sesiones y presente un informe escrito en un diálogo interactivo en el 34o periodo de sesiones del Consejo.
– Pedir a Sudán del Sur y a otros Estados miembros de la ONU que aprovechen el próximo examen periódico universal, en noviembre de 2016, para consolidar y comprometerse a adoptar más medidas a fin de abordarlos abusos y violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluso a través de un proceso nacional sólido que implique a las partes interesadas nacionales clave, así como a otros Estados miembros.
– Pedir a la UA, a la ONU y a Sudán del Sur que garanticen la adopción de medidas concretas para el
establecimiento de un tribunal híbrido y de otros mecanismos de justicia transicional incluidos en el acuerdo de paz de agosto de 2015, y a Sudan del Sur que ratifique el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y haga la declaración prevista en el artículo 12.3, aceptando la jurisdicción de la Corte Penal Internacional con carácter retroactivo.
Información general:
Desde que comenzó la guerra civil en Sudán del Sur a mediados de diciembre de 2013, decenas de miles de civiles han perdido la vida en espantosos ataques, a menudo debido a su origen étnico o su supuesta filiación política. Extensas zonas de pueblos y ciudades, incluidas infraestructuras civiles como consultas médicas, hospitales y escuelas, han sido saqueadas y destruidas.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH), a fecha de febrero de 2016 hay más de 2,3 millones de civiles desplazados internamente o en países vecinos. [3]
Además, el informe de la UNMISS concluyó que las fuerzas armadas de Sudán del Sur y el Servicio de Seguridad Nacional (NSS) “actúan en un espacio situado por encima de la ley y con virtual impunidad”. [4] Tanto el Ejército de Liberación Popular de Sudán (SPLA) como el NSS siguen deteniendo ilegítimamente a civiles sin permitirles acceder a un abogado ni presentarlos ante un juez, a veces durante muchos meses, pese a las disposiciones constitucionales que limitan su autoridad para hacerlo. Las personas detenidas, acusadas a menudo de apoyar a las fuerzas de oposición sursudanesas, están recluidas en condiciones precarias, y en algunos casos han sido sometidas a tortura o a palizas brutales. La violencia de género durante el conflicto es generalizada, y los relatos de las sobrevivientes a la UNMISS indican asimismo que los incidentes del conflicto relacionados con la violencia sexual podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. [5]
Además, el espacio para la expresión de la sociedad civil y de los medios de comunicación independientes se ha reducido significativamente desde que comenzó el conflicto. El hostigamiento a los actores independientes de la sociedad civil y la introducción de leyes que restringen el derecho a la libertad de asociación, de expresión y de reunión debilitan gravemente los esfuerzos en curso para observar la crisis de derechos humanos en el país e informar efectivamente de ella. Se ha atacado en reiteradas ocasiones a periodistas por informar del conflicto, y solamente el año pasado murieron siete y decenas más fueron detenidos arbitrariamente, agredidos físicamente e intimidados. [6] Los defensores y defensoras de los derechos humanos, y los activistas que tratan de colaborar con el Consejo de Derechos Humanos son objeto de amenazas, ataques y represalias crecientes. El presidente del Consejo de Derechos Humanos ha afirmado claramente que dichas amenazas son inaceptables.
Como ha señalado el alto comisionado, la ausencia de rendición de cuentas por las décadas de violencia durante la larga guerra civil de Sudán ha contribuido a alimentar el conflicto. Pese a los anuncios de las partes contendientes de que los autores de abusos y violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario responderían de sus actos, no se ha adoptado ninguna medida resuelta a este fin. Aunque el gobierno dio algunos pasos iniciales con el establecimiento de varios comités (incluido un comité nacional para la investigación de abusos contra los derechos humanos), éstos no han producido ningún resultado identificable hasta la fecha. [7]
El Consejo de Derechos Humanos debe garantizar que la lucha contra la impunidad está en el centro de la agenda internacional, y apoyar los esfuerzos en curso de la Unión Africana para ayudar a las debilitadas instituciones del Estado y del sistema de justicia de Sudán del Sur a garantizar justicia a las víctimas de la guerra. Una vez más instamos a su delegación a que se haga eco del llamamiento del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos y garantice el establecimiento de un procedimiento especial de derechos humanos para responder a la necesidad que tiene desde hace tiempo la población de Sudán del Sur de justicia y rendición de cuentas.
Les agradeceremos su atención a estos acuciantes asuntos.
Atentamente,
Amnistía Internacional
Assistance Mission for Africa
CIVICUS: Alianza Mundial por la Participación Ciudadana
Community Empowerment for Progress Organisation
Dialogue and Research Initiative
Proyecto sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de África Oriental y el Cuerno de África
Human Rights Watch
Comisión Internacional de Juristas
Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH)
Servicio Internacional para los Derechos Humanos
South Sudan Law Society
Soweto Children’s Organization
West African Human Rights Defenders Network