La preocupación era que Frontex no lleva a cabo evaluaciones previas de riesgo e impacto sobre los derechos humanos (HRIA) en relación con su compromiso de asistencia técnica con países no pertenecientes a la UE, como el desarrollo de capacidades y la formación en técnicas de vigilancia, la transferencia de equipos de vigilancia, así como cualquier otro apoyo relacionado.
El 5 de octubre, la Defensoría del Pueblo abrió una investigación y pidió a Frontex que respondiera a una serie de consultas.