"Desde el primer EPU de Tailandia realizado hace 10 años, la comunidad internacional está cada vez más preocupada por el fracaso de los sucesivos gobiernos a la hora de abordar una serie de cuestiones claves de derechos humanos. En lugar de continuar ignorando las principales recomendaciones, el gobierno debe tomar medidas para aplicarlas, en el marco previsto por las obligaciones internacionales vigentes de Tailandia en materia de derechos humanos."
En su tercer EPU, realizado el 10 de noviembre de 2021, Tailandia recibió un total de 278 recomendaciones, de las que el gobierno aceptó 194 y afirmó que daría una respuesta respecto a las 84 restantes antes del 49.ª periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (marzo de 2022).
La FIDH, iLaw, la Fundación Manushya, TLHR y UCL piden al gobierno que acepte al menos todas las demás recomendaciones que ha recibido y que se ajustan a las obligaciones de Tailandia en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos de los que es Estado parte.
A continuación, se presenta un análisis de la respuesta preliminar del gobierno a las recomendaciones recibidas el 10 de noviembre con respecto a determinadas cuestiones de derechos humanos.
Libertad de expresión y de reunión pacífica
Además de las recomendaciones relativas a la cuestión de la lesa majestad [véase más adelante, Lesa majestad], Tailandia recibió 18 recomendaciones en las que se pedía que se respetase la libertad de expresión. El gobierno únicamente aceptó siete de ellas, incluida una en la que se pedía la adopción de protecciones legales para contrarrestar las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP).
Tailandia también recibió 16 recomendaciones en las que se pedía el respeto de la libertad de reunión pacífica, aunque el gobierno únicamente aceptó cuatro de ellas.
A pesar de las declaraciones efectuadas por los mecanismos de vigilancia de los derechos humanos de la ONU, que han criticado sistemáticamente las actuales restricciones de los derechos a la libertad de opinión y de expresión y a la libertad de reunión pacífica en Tailandia, el gobierno afirmó que el país cumplía sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y que respetaba la libertad de opinión y de expresión y la libertad de reunión pacífica.
En un contexto de constante represión de las principales figuras y participantes en las protestas prodemocráticas, entre ellas, muchas personas jóvenes (EN), el gobierno afirmó que "ha intentado dar cabida a todos los movimientos que defienden reformas y enmiendas de la Constitución o de cualquier otra ley, proporcionándoles espacio e intercambios de opiniones abiertos" y que consideraba "importante que se incluyeran la voz de la juventud en el mayor número posible de procesos relacionados con este grupo o que pudieran ser de su interés".
A pesar de la existencia de varias medidas para intentar limitar la libertad de determinados medios de comunicación, sobre todo en línea (EN), el gobierno afirmó que "los medios de comunicación son libres de ejercer su derecho a la libertad de opinión en diversas plataformas".
Lesa majestad
Tailandia recibió 12 recomendaciones relativas al artículo 112 del Código Penal (lesa majestad); casi todas ellas pedían su modificación y una instaba a que dejase de aplicarse el artículo 112 para detener y enjuiciar a niños y niñas. Australia también manifestó su preocupación por el uso del artículo 112.
El gobierno responderá a estas 12 recomendaciones antes de marzo de 2022. Mientras tanto, diversas declaraciones realizadas por representantes del gobierno durante la realización del EPU del 10 de noviembre en relación con la lesa majestad hicieron surgir dudas sobre su sinceridad.
El mismo día en que el Tribunal Constitucional de Tailandia dictaminó que los llamados de las personas activistas prodemocracia para llevar a cabo la reforma de la monarquía tailandesa equivalían a intentos de derrocar el sistema democrático con el rey como jefe de Estado, el gobierno afirmó que "el actual debate refleja el funcionamiento de los mecanismos parlamentarios y constitucionales pertinentes, que permiten que se escuchen diferentes voces a la hora de examinar esta ley tan importante".
Además, a pesar de que desde noviembre de 2020 se ha acusado al menos a 156 personas en virtud del artículo 112 –en algunos casos por actividades simbólicas como llevar un vestido tradicional o una camiseta corta (EN)–, el gobierno tuvo el valor de afirmar que "las autoridades policiales deben actuar con la debida diligencia" en la aplicación del artículo 112.
La sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos
En un contexto de continuos ataques, detenciones arbitrarias y acoso a las personas defensoras de los derechos humanos (EN), el gobierno afirmó que "se ha puesto de relieve a las personas defensoras de los derechos humanos como un grupo específico que necesita una protección adecuada" y que "trabajó para mejorar la comprensión sobre el importante papel de las personas defensoras de los derechos humanos".
El gobierno aceptó cinco de las ocho recomendaciones en las que se pedían medidas para garantizar el espacio de la sociedad civil, la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y la investigación de los actos de acoso y agresiones contra ellas.
Sin embargo, no aceptó nueve recomendaciones en las que se pedía la revisión del proyecto de ley sobre el funcionamiento de las organizaciones sin ánimo de lucro. El gobierno alegó que la legislación propuesta tenía por objeto generar "mayor transparencia y un marco de supervisión e incidencia más completo para las ONG."
Pena de muerte
A pesar de su reiterada afirmación de que se había "comprometido a avanzar hacia la abolición de la pena de muerte", el gobierno volvió a retrasar la aceptación de las recomendaciones que pedían la adopción de diversas medidas destinadas a avanzar hacia la abolición de la pena capital, como el establecimiento de una moratoria de las ejecuciones y la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP. El gobierno únicamente aceptó siete de las 22 recomendaciones recibidas sobre la pena de muerte.
El gobierno reiteró el manido argumento de que "la mayoría del pueblo [tailandés] está a favor de la pena de muerte". Afirmó asimismo que había realizado "esfuerzos durante los últimos años para formar al público sobre la tendencia mundial y la importancia del derecho a la vida", sin proporcionar ningún detalle sobre dichos esfuerzos.
Condiciones de las prisiones
El gobierno aceptó las dos recomendaciones que pedían una mejora de las condiciones de detención y que se dispensase un trato humano a la población encarcelada. Sin embargo, estas personas siguen recibiendo en Tailandia un trato que se encuentra muy lejos de lo estipulado por las normas internacionales mínimas, con condiciones deficientes, agravadas por la propagación de la COVID-19en los centros penitenciarios de todo el país.
Tortura y desapariciones forzadas
El gobierno aceptó las 14 recomendaciones relativas a la tortura y los malos tratos, incluidas las que pedían que se investigase y se persiguiesen todas las denuncias de este tipo, la promulgación de legislación que penalizara la tortura y la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Ocho de las recomendaciones aceptadas se referían además a la promulgación de una legislación que tipificara como delito la tortura y la desaparición forzada y al establecimiento de un mecanismo para la prevención de esos delitos.
El gobierno también aceptó seis de las siete recomendaciones que pedían la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CIPPDF). Sin embargo, advirtió que ratificaría la CIPPDF después de la promulgación del Proyecto de Ley de Prevención y Supresión de la Tortura y la Desaparición Forzada –que está pendiente de aprobación parlamentaria–, sin proporcionar plazo alguno.
El gobierno no aceptó una recomendación que pedía que se investigara la desaparición de activistas políticos del país, entre ellos Wanchalearm Satsaksit, desde 2014.
Personas refugiadas
El gobierno no aceptó seis recomendaciones relativas a las personas refugiadas, entre ellas dos que pedían la ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, una que pedía la aplicación de medidas para garantizar su protección y otra que instaba a las autoridades tailandesas a "poner fin a la devolución de las personas refugiadas de Myanmar".
El gobierno afirmó que concedía protección a "las personas que huyen de conflictos y buscan refugio temporal en Tailandia", una afirmación desmentida por los numerosos casos de deportación de personas refugiadas por parte de las autoridades tailandesas. El último caso fue el de dos personas refugiadas que fueron deportadas a Camboya el 9 de noviembre, un día antes del EPU de Tailandia. [1]
Ratificación de los tratados de derechos humanos
Además de las recomendaciones relativas a la ratificación de otros tratados fundamentales de derechos humanos [véase más arriba, los epígrafes sobre la pena de muerte; la tortura y desapariciones forzadas y las personas refugiadas], Tailandia recibió (pero no aceptó) dos recomendaciones que pedían la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
El gobierno tampoco aceptó una recomendación relativa a la ratificación del Protocolo Facultativo del PIDCP (PF-PIDCP) y dio respuestas contradictorias sobre la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC).
Aunque aceptó la única recomendación que pedía la ratificación del PF-PIDESC, durante la sesión del EPU el gobierno afirmó que había aceptado "mantener una posición de Estado no parte" en este protocolo.
Visitas de los procedimientos especiales de la ONU
El gobierno aceptó la única recomendación que pedía que se aprobaran las solicitudes de visitas al país por parte de los procedimientos especiales de la ONU. El gobierno también se comprometió formalmente a reiterar su invitación permanente a los procedimientos especiales de la ONU, emitida por primera vez en noviembre de 2011.
A pesar de las numerosas y reiteradas solicitudes de varios procedimientos especiales temáticos de la ONU en los últimos 10 años, Tailandia solo ha aceptado las visitas de dos de ellos: el Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento (enero-febrero de 2013) y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos (marzo-abril de 2018).
El gobierno atribuyó esta imposibilidad de "acoger visitas completas al país" a "las restricciones de movimientos y reuniones de los últimos dos años debido a la COVID 19".