Somsak Thepsutin
Ministro de Justicia
404 Chaeng Wattana Road,
Thung Song Hong, Lak Si,
Bangkok, Tailandia
Bangkok, 19 de julio de 2021
Asunto: Es necesario abordar con urgencia el hacinamiento en las cárceles de Tailandia y proteger la salud de su población durante la crisis de COVID-19
Estimado Sr. Somsak:
Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales abajo firmantes, reiteramos nuestros llamados para que el Ministerio de Justicia tome medidas urgentes para abordar el hacinamiento y la crisis del COVID-19 en las prisiones de todo el país.
A mediados de abril de 2020, durante las primeras fases de la pandemia, enviamos una carta conjunta al Departamento de Prisiones en la que expresábamos nuestra más profunda preocupación por las posibles repercusiones desastrosas de la pandemia en la población penitenciaria y el personal de las prisiones de Tailandia. Un año después, los casos de COVID-19 continúan aumentando en el sistema penitenciario de Tailandia en medio de una nueva ola de transmisiones del virus que está afectando a muchas regiones del país a partir desde de 2021.
El 12 de mayo de 2021, el Departamento de Instituciones Penitenciarias reveló que 1795 de las 3274 personas reclusas (el 72%) de la Prisión de Prisión Preventiva de Bangkok y 1040 de las 4475 reclusas (el 30%) de la Institución Penitenciaria Central de Mujeres de Bangkok habían dado positivo en las pruebas del virus de COVID-19. La gravedad de la situación del COVID-19 en el sistema penitenciario tailandés únicamente salió a la luz después de que varias destacadas personas activistas prodemocracia que se encuentran en estas prisiones dieran positivo en las pruebas del virus durante su detención preventiva o poco después de quedar en libertad bajo fianza. Entre el 12 de mayo y el 15 de julio de 2021, 38 019 personas reclusas de cárceles de toda Tailandia se infectaron con COVID-19, una cifra que representa alrededor del 12% de la población penitenciaria total.
El hacinamiento en las prisiones y la propagación del COVID-19 están estrechamente interrelacionados y es necesario abordarlos urgentemente para evitar un mayor deterioro de las condiciones en los centros penitenciarios.
A pesar de los anuncios relativos a la liberación provisional de algunas personas reclusas para descongestionar las prisiones, la población penitenciaria de Tailandia no ha disminuido significativamente desde el inicio de la tercera ola de COVID-19. Según las estadísticas del Departamento Penitenciario, del 1 de abril al 1 de julio de 2021 la población penitenciaria total disminuyó apenas un 0,2%, al pasar de 307 910 a 307 007 personas.
Le instamos a que adopte todas las medidas necesarias de inmediato, incluso a nivel político, para hacer frente al actual hacinamiento en las prisiones.
Acogemos con satisfacción el plan del Ministerio de modificar la legislación sobre estupefacientes de manera que se pueda poner en libertad a la población reclusa encarcelada por delitos menores relacionados con las drogas y le instamos a que acelere este proceso de cambio.
Recordamos asimismo nuestras anteriores recomendaciones sobre la libertad condicional de ciertas categorías de presos y presas actualmente en detención por delitos no graves o no violentos. Entre ellas se encuentran: las personas mayores de 60 años; los/as presos/as enfermos/as, especialmente quienes padecen enfermedades previas; los/as presos/as en espera de juicio; los/as presos condenados/as a penas de hasta dos años; los/as presos/as a quienes les queda un año o menos de condena; los/as presos/as detenidos/as por delitos de inmigración; las mujeres embarazadas; y los/as detenidos/as sin base legal suficiente. Las personas a las que se ponga en libertad pueden ser sometidas a medidas no privativas de libertad adecuadas, de acuerdo con las Reglas Mínimas sobre Medidas No Privativas de la Libertad (las "Reglas de Tokio").
La constante información sobre el alto número de población penitenciaria positiva en las pruebas de COVID-19 suscita preocupación en relación con las condiciones de detención, las medidas de prevención y una atención médica muy inadecuada durante la escalada de brotes de COVID-19.
Acogemos con satisfacción las diversas medidas urgentes —como las pruebas, las cuarentenas y el traslado de algunas personas reclusas infectadas a centros médicos fuera de las prisiones— introducidas por el Departamento de Prisiones para controlar la propagación del virus en los centros penitenciarios desde el último aumento de las infecciones por COVID-19 en las prisiones, así como el requisito de realizar pruebas y establecer una cuarentena de 14 días para la población reclusa a la que se ponga en libertad.
Sin embargo, estas medidas no son suficientes para prevenir nuevos brotes de COVID-19 en los centros penitenciarios. Debido al alto riesgo de contagio, las autoridades deberían acelerar la implantación de la vacuna contra el COVID-19 en todas las prisiones. Los/as reclusos/as que hayan dado positivo en las pruebas del virus deben tener acceso a una atención médica y un tratamiento adecuados, iguales a los del público en general, sin discriminación ni retrasos indebidos.
Además, en el caso de quienes permanecen en detención, el Departamento de Instituciones Penitenciarias debe garantizar que las condiciones penitenciarias siguen cumpliendo las normas internacionales, en particular las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (las "Reglas Nelson Mandela") y las Reglas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (las "Reglas de Bangkok"). El cumplimiento de estas normas es vital durante la pandemia, especialmente en lo que respecta a espacio y ventilación suficientes, instalaciones sanitarias adecuadas para la higiene personal y atención sanitaria, incluida la específica de género.
Por último, el Departamento de Prisiones debe proporcionar a la población reclusa, al personal penitenciario y a la población en general información precisa y oportuna sobre la situación del COVID-19 en todos los centros penitenciarios de forma transparente.
Agradecemos la atención que pueda prestar a esta importante cuestión.
Atentamente,
Parlamentarios de la ASEAN por los Derechos Humanos (APHR)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Fortify Rights
Human Rights Watch (HRW)
Unión por la Libertad Civil (UCL)
Fundación Manushya
Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos (TLHR)