Organizaciones regionales e internacionales exigen a Guatemala respetar la independencia judicial y rechazan la sanción ilegal interpuesta en contra de la Jueza Yassmin Barrios. La Corte Constitucional de Guatemala está conociendo, en la actualidad, un recurso de amparo que cuestiona la autoridad del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), de sancionar a la jueza Barrios por sus actuaciones como jueza durante el juicio que se llevó a cabo en el año 2013, en contra del ex-dictador Efraín Ríos Montt y su entonces su jefe de inteligencia Mauricio Rodríguez Sánchez.
Nueve organizaciones internacionales y organizaciones de América Latina – Open Society Justice Initiative (OSJI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, Guatemalan Human Rights Commission (GHRC), la Plataforma Internacional contra la Impunidad, y Washington Office on Latin America (WOLA) − exigen a Guatemala revocar esta sanción, y garantizar la independencia e imparcialidad de la judicatura en este país.
La jueza guatemalteca Yassmin Barrios ha actuado admirablemente y con independencia en casos de alto perfil durante casi dos décadas de carrera. Además del juicio por genocidio en contra de Ríos Montt, la jueza Barrios presidió los casos de las ejecuciones extrajudiciales del arzobispo Monseñor Juan Gerardi, la antropóloga Myrna Mack, las masacres de Dos Erres y Plan de Sánchez, la muerte de Rodrigo Rosenberg, casos relacionados con crímenes cometidos por narcotraficantes, entre otros.
Ella está actualmente encarando represalias severas, incluyendo amenazas a su capacidad de ejercer libremente como jueza, derivadas de su actuación en el juicio por genocidio.
El 4 de abril del 2014, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala inhabilitó a la jueza Barrios para ejercer derecho durante un año, siguiendo la queja infundada de un miembro del equipo legal del co-acusado de Ríos Montt. Dicho tribunal de naturaleza gremial ordenó además una amonestación pública, impuso una multa, y refirió el caso al Ministerio Público. De acuerdo con el citado órgano, la actuación “antiética” de la jueza Barrios “ha sido causa de burla y degradación humana” del abogado defensor.
El uso del Tribunal de Honor de una asociación de abogados para sancionar a un juez o jueza es atípico en América Latina, pero también lo es en Guatemala donde las leyes estipulan que corresponde a la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial conocer las denuncias sobre presuntas conductas judiciales indebidas. De hecho, una queja paralela contra la Jueza Barrios ya fue atendida −y rechazada− por la citada Junta hace un año.
Actores internacionales y locales condenaron la decisión del Tribunal de Honor del CANG cuando ocurrieron los hechos. Sin embargo, el órgano que conoció la apelación declaró sin lugar el recurso interpuesto por la jueza, si bien rechazó la multa económica y la suspensión, mantuvo la mancha en el historial de la jueza. Contra esta decisión la jueza Barrios presentó un recurso que fue ilógicamente trasferido a la corte responsable de conocer sobre feminicidios. El 22 de octubre (decisión fechada de 18 de julio), esta Corte notificó a la jueza Barrios que había rechazado su recurso. Su última apelación es ahora ante la Corte Constitucional.
Hace un año Guatemala mostró al mundo que era posible perseguir eficazmente los delitos sobre graves violaciones de derechos humanos en los tribunales nacionales. Ahora se erige como un modelo que presenta desafíos sobre tales procesos internos y evidencia los riesgos que enfrentan los jueces, juezas y fiscales independientes que se atreven a juzgar a los actores poderosos del país.
La importancia de esta decisión se agudiza, ya que ocurre en el marco de los procesos de nombramiento para todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones del país. El Colegio de Abogados tiene un papel central en la designación de estos actores judiciales cruciales.
Una sanción a la jueza Barrios amenaza la independencia judicial y la capacidad de todos los jueces, juezas, y fiscales de Guatemala para actuar sin temor a interferencias o sanciones. Mantener la sanción viola el derecho internacional y por tanto debe ser anulada.
* Yassmin Barrios recibió recientemente la distinción “Mujer Coraje” de manos de Michelle Obama.