Bruselas, 15 de diciembre de 2023. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembros en América Latina se unieron a las protestas realizadas el 14 de diciembre de 2023 ante las embajadas guatemaltecas en Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Honduras, El Salvador y Bélgica para condenar las recientes actuaciones del Ministerio Público.
El pasado 8 de diciembre, la institución liderada por la Fiscal General, Consuelo Porras, solicitó la nulidad de las elecciones presidenciales y el retiro de la inmunidad del presidente electo, desconociendo de forma deliberada el Estado de Derecho, al igual que principios democráticos fundamentales como es el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes.
Las protestas se acompañaron de la entrega de una carta abierta dirigida al presidente Alejandro Giammattei, mediante la cual, 28 organizaciones de 11 países de la región urgieron al Gobierno a respetar la voluntad expresada en las urnas por la ciudadanía guatemalteca el 20 de agosto de 2023. También le instaron a desolidarizarse con el intento de golpe de Estado de la Fiscal General, Consuelo Porras, y a que defienda el orden constitucional del país mediante el traspaso del poder al presidente electo Bernardo Arévalo, quien deberá asumir su cargo el 14 de enero de 2024.
La misiva llamó la atención sobre el carácter ilegal de las actuaciones del Ministerio Público, cuyas competencias constitucionales y legales no incluyen decidir sobre la validez o nulidad de un proceso electoral. Este mandato está en cabeza del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el cual oficializó los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales una semana después de su celebración.
En la carta abierta también se recordó al presidente Giammattei que las recientes actuaciones no son la primera maniobra llevada a cabo por el Ministerio Público para interferir en el proceso electoral e invalidar sus resultados. El 1 de octubre de 2023, el Ministerio Público allanó la sede del TSE en ciudad de Guatemala y confiscó las actas originales de los resultados de las elecciones presidenciales. Durante el proceso electoral, el Ministerio Público también impuso restricciones arbitrarias a los derechos políticos de algunos candidatos presidenciales.
En junio de 2023, la FIDH denunció que la Fiscal General, Consuelo Porras, transformó al Ministerio Público en un mecanismo de persecución y criminalización de los partidos y políticos críticos del régimen de corrupción en Guatemala. Desde mayo de 2022 se conoce sobre el involucramiento de la Fiscal Porras en esquemas de corrupción. En esta fecha, el gobierno de los Estados Unidos la sancionó por obstruir reiteradamente investigaciones de hechos de corrupción para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos.
El mismo día de los plantones, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala profirió un fallo mediante el cual exhortó al Congreso de la República a garantizar la toma de posesión del presidente electo. De acuerdo con la Corte, el Congreso debe asegurarse que el 14 de enero de 2024 se lleve a cabo “un proceso pacífico de transición”, que permita a Bernardo Arévalo ocupar la Presidencia, de conformidad con los resultados electorales avalados por el TSE. En la decisión la Corte también instó al presidente Alejandro Giammattei a “promover la unidad nacional y la culminación de la transición en proceso”.
El 14 de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre el intento de golpe de Estado en Guatemala. En ella, condenó los repetidos intentos del Ministerio Público para invalidar los resultados electorales y pidió a las autoridades que tomen medidas para proteger el orden constitucional y garantizar el respeto de la voluntad expresada por la ciudadanía guatemalteca con sus votos.
La FIDH y sus organizaciones miembros continuaremos monitoreando la situación hasta el 14 de enero de 2024, a la espera de que se respete la integridad de las elecciones y el Estado de Derecho en Guatemala.