La FIDH se encuentra sumamente preocupada por las condiciones de detención de los " presuntos terroristas " o " presos del campo de batalla " detenido actualmente por Estados Unidos y trasladados hacia la base militar americana de la bahía de Guantánamo en Cuba, así como por la imparcialidad de los futuros procesos.
De acuerdo con el artículo 5 del tercer Convenio de Ginebra acerca del trato de los prisioneros de guerra y tras las declaraciones del Secretario de Estado americano de defensa Donald Rumsfeld del 11 de enero, la FIDH quiere recordarle que todos los detenidos deben ser tratados en conformidad con el derecho humanitario y deben como mínimo gozar de las protecciones otorgadas por el artículo 3 de los Convenios de Ginebra de 1949, tales como el derecho a un proceso equitativo (y en particular el derecho de presunción de inocencia) y el derecho a no ser sometido a tortura y a tratos inhumanos, degradantes o crueles "en cualquier momento y en cualquier lugar".
El 28 de diciembre, usted declaró "sean cuales sean los procedimientos vinculados con el funcionamiento de los tribunales miltares, nuestro sistema es más justo que el de Ben Laden y el de los talibanes ( ...) los prisioneros que hemos capturado y que serán juzgados tendrán un proceso justo y más posibilidades de defenderse que nuestros ciudadanos que se encontraban en en World Trade Center y en el Pentágono" (fuente Reuters). La FIDH considera sorprendente que se adopte como referencia el sistema de justicia de los talibanes a la hora de hablar de la administración de la justicia por los Tribunales de Estados Unidos.
La FIDH ha condenado con vigor los atentados del 11 de septiembre. Sin embargo, quiere recordarle que frente a tales ataques, los requisitos de justicia deben prevalecer sobre la tentación de venganza. Es imperativo que la justicia sea administrada conforme a las disposiciones del derecho internacional humanitario y de los derechos Humanos, de lo contrario nos encontramos frente a una parodia de justicia. En un comunicado del 15 de noviembre, la FIDH ha criticado enérgicamente el establecimiento de comisiones militares, por el decreto del 13 de noviembre, "para juzgar a los presuntos individuos de participación terrorista o de apoyo al terrorismo". En efecto, conforme al artículo 14 del Pacto internacional relativo a los derechos civiles políticos, "toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley". Se puede de manera legítima dudar del respeto de este artículo y de la ejemplaridad de un proceso realizado ante tribunales militares. Los presuntos autores, directamente implicados en los ataques del 11 de septiembre y recientemente detenidos, deben ser juzgados por tribunales de derecho común.
Por fin, la FIDH le recuerda su posición con respecto a la pena de muerte (ver el informe n°316 sobre la pena de muerte en Estados Unidos, http://www.fidh.org) e insta al gobierno de Estados Unidos a oponerse a la aplicación de ésta en cualquier circunstancia.
Sidiki Kaba
Presidente