Brasilia, 18 y 19 de abril de 2024. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Observatorio Ciudadano (Chile), Perú Equidad (Perú), Movimento Nacional de Direitos Humanos (Brasil) y Justicia Global (Brasil) se complacen en anunciar el lanzamiento de su Informe Regional: “El Desarrollo de Marcos Normativos Vinculantes sobre Empresas y Derechos Humanos en América Latina” (adjunto), en un evento público en Brasilia el próximo 18 de abril. El lanzamiento será seguido de comentarios y reflexiones de representantes de los gobiernos de Chile y Brasil, así como de personas expertas de la sociedad civil de la región.
Durante el mismo día, Observatorio Ciudadano, Perú Equidad, Movimento Nacional de Direitos Humanos y Justicia Global publicarán informes nacionales consagrados al análisis de sus respectivos marcos normativos y la elaboración de propuestas concretas para el fortalecimiento de la responsabilidad legal empresarial en sus países. El 19 de abril, representantes de diversos sectores de la sociedad civil continuarán el intercambio y deliberaciones sobre estrategias para avanzar en la aprobación y fortalecimiento de marcos normativos que exijan la responsabilidad de empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente.
El Informe Regional delinea las áreas clave de reforma y/o fortalecimiento legal necesarios para instaurar en los países de la región un régimen efectivo de prevención, fiscalización y sanción de abusos a los derechos humanos y daño ambiental por parte de empresas, así como su responsabilidad legal civil, penal y/o administrativa por estos abusos. También recomienda intervenciones esenciales para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, a la información y participación, así como el enfoque intercultural y de género en las prácticas empresariales.
El encuentro tiene particular importancia en el contexto latinoamericano actual. Por un lado, la magnitud y recurrencia de abusos a los derechos humanos y daño al medio ambiente por parte de empresas, así como el alto grado de impunidad con el que muchas empresas transgresoras de derechos humanos actúan en la región, se encuentran hoy ampliamente evidenciadas y son incuestionables. Las economías basadas principalmente en el extractivismo y la explotación de recursos naturales continúan poniendo en grave peligro los derechos humanos de pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales. Las personas defensoras de derechos humanos que levantan la voz en su defensa son perseguidas, criminalizadas y, muchas veces, asesinadas.
Por su parte, la precarización y explotación laboral, el trabajo forzoso o infantil, la discriminación y violencia por razón de genero son otros patrones comunes en el contexto de la actividad empresarial en la región. La necesidad de adecuar los marcos normativos existentes, prever políticas públicas sobre la materia e introducir nuevas leyes que pongan un freno a estos abusos nunca ha sido tan imperiosa.
Por otro lado, muchos países del Norte Global han comenzado a sancionar leyes que imponen a algunas de sus empresas, generalmente aquellas de mayor tamaño, una obligación de respeto de los derechos humanos, o de actuar con debida diligencia, para prevenir impactos negativos a los derechos humanos en sus actividades y cadenas de valor. Recientemente, la Unión Europea aprobó el texto final de una Directiva sobre la debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad. Además de marcar una tendencia global hacia la regulación, estas leyes tendrán repercusiones concretas en América Latina.
En este contexto, es probable que las empresas de Latinoamérica que forman parte de las cadenas globales de suministro se verán obligadas a implementar medidas de debida diligencia en respuesta a las exigencias de empresas europeas o de otras partes del mundo sujetas a estas nuevas leyes. Los gobiernos de la región deberán sancionar sus propias leyes que ayuden a nivelar las reglas de juego entre estas empresas y otras cuyas actividades son puramente domésticas.
Frente a esta situación, los países latinoamericanos pueden optar por dejar la regulación de las empresas locales o que operan en sus territorios en manos de otros países, en particular países del Norte Global, o introducir legislación doméstica que responda a la realidad y a las necesidades locales.
Hoy se han comenzado a ver algunos signos de compromiso en la región. Gracias al trabajo infatigable de organizaciones y coaliciones de la sociedad civil y movimientos sociales de Perú, Brasil, Chile, y otros países de la región, algunos gobiernos han empezado a dar pasos concretos en materia de regulación.
En Perú, ya existe una propuesta de ley sobre la debida diligencia empresarial a la cual el Ministerio de Justicia de ese país ha dado ya una primera respuesta positiva.
Brasil cuenta también con un anteproyecto de ley marco nacional sobre derechos humanos y empresas, actualmente bajo consideración de la cámara de diputados del congreso nacional. El programa de gobierno del actual presidente de Chile, por su parte, incluye la elaboración de una ley de debida diligencia empresarial. Este proceso ya está en marcha y ha incluido diálogos preliminares con representantes de la sociedad civil, personas trabajadoras y de la academia.
El encuentro de Brasilia de los días 18 y 19 de abril se inscribe dentro de este proceso de debate y elaboración de propuestas de política pública y reforma legal efectivas para la región. Se espera que sirva para generar reflexión y diálogo entre todas las personas participantes y contribuya al proceso colectivo de elaboración de leyes y regímenes efectivos de responsabilidad legal empresarial para América Latina.
Los informes se encuentran disponibles a continuación para su descarga: