Reafirmando la importancia de unas elecciones pacíficas, transparentes, libres, justas y equitativas organizadas por instituciones independientes como una de las bases del Estado de derecho y de un entorno político pacífico;
Destacando el derecho inalienable de las personas a poder elegir libremente a sus dirigentes mediante elecciones libres, independientes, transparentes y pacíficas, independientemente de las circunstancias y los desafíos que puedan surgir en los ámbitos políticos, sociales o de seguridad;
Considerando que el derecho inalienable de las personas a poder elegir libremente a sus dirigentes mediante elecciones periódicas, libres, transparentes y pacíficas es crucial para garantizar el derecho y la posibilidad de que la ciudadanía participe sin discriminación ni restricciones indebidas. Este derecho permite a la ciudadanía, especialmente a las mujeres y a las personas jóvenes, a la sociedad civil, las defensoras y defensores de los derechos humanos y los movimientos ciudadanos, participar en la gestión de los asuntos públicos, directamente o a través de representantes elegidos libremente; votar y ser elegido, mediante elecciones periódicas y limpias, a través de un sufragio universal y equitativo y del voto secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores y el acceso equitativo a la función pública en el país;
Recordando que entre 2016 y 2018, se celebrarán 34 elecciones en 21 países africanos, entre otras, 16 elecciones presidenciales, en Gabón, República Democrática del Congo, Gambia, Rwanda, Kenya, Camerún y Zimbabwe;
Recordando los principios del marco político e institucional de la Unión Africana para la promoción de la gobernanza y los derechos humanos, especialmente garantizados por el Acta Constitutiva de la Unión Africana, la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta Africana) que establece, en su artículo 13.1 que "Todo ciudadano tendrá derecho a participar libremente en el gobierno de su país, ya sea de modo directo o a través de representantes libremente elegidos, de conformidad con las disposiciones de la ley"; y la Carta Africana sobre Democracia, Gobernabilidad y Elecciones (CADGE) que destaca "la importancia de consolidar en el continente una cultura política de cambio de poder, basado en la celebración de elecciones regulares, libres, justas y transparentes organizadas por organismos electorales nacionales competentes, independientes e imparciales".
Recordando las diversas resoluciones de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) sobre los procesos electorales y la gobernanza participativa en África, en especial la disposición CADHP / Res. 293 (EXT.OS / XVII) de 2015, en la que la Comisión "[r]econoció que la credibilidad de un proceso electoral y la legitimidad de las autoridades elegidas dependen en gran medida de la participación efectiva de la ciudadanía en un proceso justo y transparente, así como del respeto de sus libertades fundamentales de expresión, de asociación y de asamblea”, además de las resoluciones CADHP / Res. 272 (LV) 2014, CADHP / Res. 232 (EXT.OS / XIII) 2013, CADHP / Res.239 (EXT.OS / XIV), 2013, y CADHP / Res. 184 (EXT.OS / IX) 2011;
Recordando también las diversas resoluciones de la CADHP relativas al respeto al derecho de la libertad de expresión, de asociación, de asamblea y de protección de las defensoras y defensores de los derechos humanos en África;
Extremamente preocupados por el deterioro de la seguridad y entorno preelectoral en Gabón en las últimas semanas, especialmente caracterizado por tensiones políticas relacionadas con numerosas declaraciones denunciando la ilegalidad de la candidatura de Ali Bongo, el presidente titular, presentado por la oposición y rechazado por el Tribunal Constitucional el 25 de julio, además de las denuncias de fraude y corrupción que socavaron la preparación del censo electoral de las elecciones del 27 de agosto de 2016;
Condenando la violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad de una manifestación pacífica organizada por la oposición política el 23 de julio de 2016, en la que resultaron heridos decenas de manifestantes, incluso mediante el empleo de munición real, y en la que se detuvo a otras tantas decenas personas. Recordando a las autoridades políticas y a todos las personas implicadas su responsabilidad a la hora de garantizar el cumplimiento del calendario electoral y la fecha límite del 27 de agosto y evitar cualquier aumento de la violencia que pudiera provocar actos de vulneración de derechos humanos;
Extremamente preocupados por la situación política y de seguridad en la República Democrática del Congo, donde el tenso contexto preelectoral está marcado por la ausencia de diálogo político nacional, especialmente en cuanto a la organización de las elecciones presidenciales previstas para este año de 2016. Condenando el aumento de los ataques del Gobierno contra la oposición política y la sociedad civil independiente, especialmente contra quienes denuncian los intentos del presidente Kabila por presentarse a un tercer mandato, lo que es contrario a lo establecido por la Constitución del Congo, mediante arrestos y detenciones arbitrarios, intimidación y acoso, ejercido incluso a través del poder judicial. Denunciando la represión sistemática de las manifestaciones públicas que se lleva a cabo desde enero de 2015 y el uso de la fuerza excesivo y desproporcionado, con consecuencias que llegan a ser mortales, contra manifestantes pacíficos, en violación de los principios y normas internacionales del derecho aplicable en materia de manifestaciones públicas;
Condenando firmemente los diferentes actos de violencia cometidos en la zona este de la República Democrática del Congo, entre otros, los ataques perpetrados contra la población de Beni y su región entre el 5 y el 30 de julio de 2016, y durante la noche del 13 al 14 de agosto, en la que murieron 51 ciudadanos, y en la región de Kasai Central donde los violentos enfrentamientos entre la policía y la población en Tshimbulu causó la muerte de al menos 19 personas, la desaparición de 4 personas y la detención de más de 40. Solicitando que continúen las investigaciones abiertas para arrojar luz sobre dichos acontecimientos, identificar a todos los responsables y garantizar justicia a las víctimas mediante procesos judiciales que cumplan con los principios de imparcialidad, independencia y justicia, y que se limite el uso de tribunales especiales, como el tribunal militar especial establecido con ocasión del primer juicio contra los presuntos responsables de estas masacres, establecido el 20 de agosto de 2016 en Beni;
Extremamente preocupados por la continua degradación de la situación en materia de seguridad y derechos humanos en Etiopía, especialmente desde noviembre de 2015 y el rebrote de la crisis actual cuando numerosos manifestantes pacíficos en Oromia, y después en Amhara, fueron violentamente reprimidos por fuerzas de seguridad, mediante el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, provocando la muerte de cientos de manifestantes pacíficos, así como arrestos y detenciones masivas y arbitrarias; preocupados especialmente por el uso sistemático de una intensa represión por parte de las autoridades para hacer frente a las exigencias, frustraciones y protestas populares que exigen un diálogo político real, así como el respeto de las libertades fundamentales y de los derechos humanos; condenando fuertemente la represión contra los manifestantes, que exigían reformas políticas, justicia y Estado de derecho, organizada el 6 y 7 de agosto de 2016 en Oromia y en Amhara, y que terminó con la muerte de cien personas y la detención de otros cientos más, algunas de las cuales continúan retenidas en centros de entrenamiento de la policía y del ejército y otros centros de detención no oficiales y, por tanto, son especialmente vulnerables a la tortura y otros malos tratos; recordando que el deterioro de la situación de la seguridad y los derechos humanos forma parte del contexto postelectoral que reina en el país, con una creciente protesta popular desde que el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), que mantiene el poder absoluto desde hace 25 años, aumentara su control en las últimas elecciones generales celebradas en mayo del 2015, al obtener todos los escaños del parlamento;
Recordando la movilización de decenas de organizaciones de la sociedad civil tanto africanas como internacionales y de los movimientos ciudadanos dentro de la Coalición #MiVotoDebeContar, iniciada por la FIDH, a fin de luchar contra la manipulación, el fraude y la violencia ocasionada tras elecciones fraudulentas y para exigir a los Gobiernos el respeto de los principios y valores democráticos, la gobernanza y los derechos humanos, especialmente durante los procesos electorales;
Recordando también la adopción de la hoja ruta por el cambio a través de las elecciones, por parte de 30 organizaciones de sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y movimientos ciudadanos durante la Conferencia de Dakar sobre la participación ciudadana y la promoción de la democracia en África celebrada el 18 y 19 de julio de 2016;
La FIDH, reunida con motivo de su 39.º Congreso en Johanesburgo, Sudáfrica:
Exige a las autoridades políticas, partes y participantes de todos los Estados afectados por los procesos electorales en curso o ya programados que:
Antes de las elecciones
Velen por el respeto íntegro del conjunto de las libertades fundamentales y de los derechos humanos, principalmente de los derechos a la libertad de circulación, de expresión, prensa, asociación y asamblea;
Velen por el funcionamiento correcto, la independencia e imparcialidad de los órganos e instituciones responsables del proceso (comisiones electorales nacionales independientes, tribunales constitucionales, ministerios, estructuras administrativas etc.) y, cuando proceda, introduzcan reformas que garanticen el cumplimiento de los principios regionales e internacionales en materia de organización de procesos electorales;
Mejoren el registro civil (establecimiento y expedición de documentos de identidad) y la organización de censos de población, y, en especial, que garanticen la creación rápida de un registro electoral real, fiable y actualizado;
Velen por que los mapas y las circunscripciones electorales se conformen dentro del cumplimiento y el respeto de las realidades demográficas de las regiones y que luchen contra cualquier intento de manipulación de las circunscripciones electorales;
Respeten el programa electoral de las elecciones programadas según lo establecido por los órganos e instituciones independientes responsables de la gestión y la organización electoral;
Incluyan en la ley electoral, cuando proceda, instrumentos que permitan a la sociedad civil encontrar soluciones jurídicas en caso de impugnación de los resultados electorales;
Prohíban y, cuando proceda, luchen contra cualquier reforma de las constituciones y de las leyes electorales que únicamente persigan mantener a ciertos regímenes y cargos políticos en el poder, en contra los principios democráticos y de gobernanza y en un claro intento de una minoría por seguir confiscando el patrimonio nacional y los sistemas políticos;
Garanticen la educación y la sensibilización de la población civil, entre otros, de los líderes religiosos y de opinión, en materia de principios de derechos humanos, lucha contra la corrupción y contra la compra de conciencias;
Permitan la participación del conjunto de componentes de la sociedad, en especial de la sociedad civil y de los movimientos ciudadanos, en las diversas fases del proceso electoral antes, durante y después de las elecciones;
Garanticen la protección de las defensoras y defensores de los derechos humanos, activistas y periodistas de la sociedad civil que estén sometidos a amenazas por su compromiso con la democracia o por expresar de manera pacífica su protesta contra el poder establecido;
Soliciten y procedan a la liberación inmediata de todas las personas bajo arresto y detenidas por su compromiso en favor de un proceso electoral auténtico y del respeto de los derechos humanos.
Durante y después de las elecciones
Velen por unas condiciones favorables para la celebración de elecciones auténticas, libres y transparentes y para conformar un contexto pacífico tras las elecciones, y, entre otros:
Garanticen el respeto íntegro del conjunto de las libertades fundamentales y los derechos humanos en general y, en particular, de la libertad de circulación, expresión, prensa, asociación y asamblea pacíficas;
Prohíban toda violencia contra las poblaciones y luchen contra los intentos potenciales de violencia, de conformidad con el derecho nacional e internacional de los derechos humanos;
Autoricen y permitan el establecimiento de todas las condiciones necesarias para una supervisión activa por parte de la ciudadanía;
Garanticen el normal funcionamiento de todos los medios de comunicación a nivel nacional e internacional (teléfono, SMS, Internet);
Identifiquen, cuando proceda, los actos de violación de derechos humanos cometidos durante el proceso electoral y lleven a cabo investigaciones independientes e imparciales para poder identificar y castigar a los responsables y procurar justicia a las víctimas;
Garanticen que el anuncio de los resultados se hace en armonía con las disposiciones jurídicas, entre otros elementos, dentro de las fechas límite establecidas por el órgano o institución responsable de la organización de los procesos electorales y sin ninguna interferencia política;
Utilicen únicamente soluciones legales ante el juez electoral o cualquier institución competente, en caso de conflicto respecto de los resultados de las elecciones, y que prohíba y condene cualquier violencia postelectoral;
Tomen en consideración y lleven a cabo las recomendaciones de la sociedad civil en la gestión de la situación postelectoral;
Realicen auditorías de los procesos electorales y garanticen la ejecución de sus recomendaciones;
Garanticen la protección de las defensoras y defensores de los derechos humanos, activistas de la sociedad civil y periodistas que estén sometidos a amenazas por su compromiso con la democracia o por expresar de manera pacífica su protesta pacífica contra el poder establecido;
Exijan y procedan a la liberación inmediata de todas las personas en situación de arresto o detención por su compromiso en favor de un proceso electoral genuino y por el respeto de los derechos humanos.
Insta a la Unión Africana y a sus Estados miembros a:
Ratificar y cumplir con la Carta Africana sobre Democracia, Gobernabilidad y Elecciones (CADGE), quienes no lo hayan hecho aún, entre otras formas mediante la introducción de sus disposiciones en las legislaciones nacionales y la promoción de su apropiación por la ciudadanía;
Reconocer el cambio no consensuado de la constitución, golpe de Estado civil y toda manipulación electoral como cambios inconstitucionales de poder punibles con sanciones en virtud del artículo del Acta Constitutiva de la Unión Africana, artículo 7.g del Protocolo para la creación del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana y la Declaración de Lomé; y actúen para que la Unión Africana adopte un conjunto de sanciones adicionales en caso de vulneración de estas disposiciones;
Adoptar leyes nacionales electorales que garanticen la aplicación de principios regionales e internacionales;
Facilitar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos ciudadanos en los procesos electorales, inclusive mediante la consolidación de la observación de las elecciones por la ciudadanía como derecho constitucional;
Exigir y proceder a la liberación inmediata de todas las personas en situación de arresto o detención por su compromiso en favor de un proceso electoral auténtico y por el respeto de los derechos humanos.
Insta a la comunidad internacional a:
Adoptar una postura coherente y respetuosa con los principios, valores y derechos reconocidos internacionalmente en materia de derechos humanos y gobernanza, para poder evitar la aplicación de diferentes normas en la evaluación de las violaciones de derechos humanos, en particular la violación del derecho de libre elección de sus representantes;
Reconocer el cambio no consensuado de la Constitución, golpe de Estado civil y cualquier manipulación electoral como cambios inconstitucionales de poder punibles con sanciones y graves violaciones democráticas, y, cuando proceda, adopten sanciones;
Apoyar a la sociedad civil, movimientos ciudadanos y a cualquier otro agente comprometido en la transformación pacífica en su exigencia de respeto de las libertades fundamentales y de reformas democráticas de las instituciones.
Insta a las organizaciones de la sociedad civil, movimientos ciudadanos y agentes independientes a:
Sumarse a la campaña y a la coalición #MiVotoDebeContar de cara a garantizar una amplia movilización respecto a los desafíos electorales y democráticos en África.