El 23 de febrero de 2022, la Comisión Europea publicó su propuesta de directiva sobre diligencia debida de las empresas. La FIDH y 22 de sus organizaciones miembros con sede en África, Asia, Europa y América Latina, publican hoy el siguiente análisis y varias recomendaciones dirigidas a los responsables políticos que actualmente negocian el texto propuesto.
La ineficacia de los instrumentos en vigor para evitar los abusos de las empresas contra los derechos humanos y el medio ambiente está ampliamente reconocida. En este sentido, la sociedad civil lleva muchos años reclamando un mejor marco normativo de la UE que establezca la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos y el medio ambiente, exigiendo claramente a las empresas que identifiquen, prevengan, detengan y remedien los abusos y daños en su cadena de valor. En este sentido, en 2020, la FIDH y varios de sus miembros publicaron un documento de posición en favor de una legislación ambiciosa, para la que ya habían hecho varias recomendaciones.
La propuesta de la Comisión representa un nuevo paso fundamental en la lucha por una mejor protección de los derechos humanos y del medio ambiente. Sin embargo, a pesar de los aspectos positivos, la directiva propuesta por la Comisión se queda corta en muchos puntos fundamentales. Se aleja considerablemente de las normas internacionales, sobre todo en lo que respecta a su ámbito de aplicación y a la consulta de las partes interesadas afectadas por las actividades de las empresas.
Antes que se adopte la Directiva, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo debatirán el texto y tendrán la oportunidad de introducir importantes mejoras. La FIDH recomienda que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:
– Alinear el ámbito de aplicación de la directiva con las normas internacionales, eliminar los regímenes de excepción que gozan algunos sectores y garantizar la proporcionalidad de las medidas reglamentarias. La directiva sólo puede ser realmente eficaz si se amplía su ámbito normativo, si las entidades de la cadena de valor están cubiertas por la debida diligencia y las empresas se hacen responsables por estas obligaciones.
– Reforzar el papel de la sociedad civil y el lugar de las poblaciones afectadas en el proceso de diligencia debida, con especial atención a los pueblos indígenas y a las personas defensoras de derechos humanos.
– Garantizar que el contenido de la debida diligencia no se reduzca a un simple ejercicio de cumplimiento, por ejemplo, eliminando el uso excesivo de cláusulas contractuales.
– Reforzar las medidas de responsabilidad civil y garantizar un mejor acceso a la justicia para las víctimas mediante, entre otras cosas, la inversión de la carga de la prueba
– Pedir que se refuercen las obligaciones de diligencia debida en las zonas de conflicto y de alto riesgo.
– Garantizar una desvinculación responsable y especificar los requisitos para ello.
La eficacia y el futuro de esta directiva están ahora en manos de los legisladores europeos. La adopción de una diligencia debida verdaderamente ambiciosa es tan importante que ya no es momento de adoptar medidas superficiales que protejan más a las empresas que a las poblaciones afectadas.
Lea aquí el documento de posición completo (en inglés):