Particularmente, el Congreso de la FIDH condena enérgicamente los asesinatos continuos de los defensores de los derechos humanos en varios países, Guatemala, Colombia, Rusia y en Honduras, donde José Leonel Álvarez Guerra, líder del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), fue matado el 7 de abril de 2010 por un escuadrón paramilitar.
El Congreso de la FIDH pide la liberación de todos los defensores de los derechos humanos detenidos arbitrariamente, a menudo en condiciones indignas, después de procedimientos injustos. El Congreso llama en particular la liberación de los activistas y abogados integrantes de asociaciones miembros y aliadas de la FIDH,
– 9 de ellos integrantes de la Sociedad de los Derechos Humanos de Uzbekistán : Gaybullo Jalilov, Nasim Isakov, Norboy Kholjigitov, Khabibilla Okpulatov, Yuldosh Rasule, Azamjon Formonov, Jamshid Karimov, Zafar Rakhimov, Alisher Karamatov, detenidos entre 2005 y 2009, condenados a duras penas de cárcel y torturados ;
– 3 miembros de la Asociación Turca de Derechos Humanos: el abogado Muharrem Erbey, deputy presidente nacional y presidente de la sección de Diyarbakir , y Vetha Aydın, presidente de la sección de Siirt, así como Gencaga Karafazli, periodista, sindicalista, miembro de la IHD, y antiguo presidente de la sección de Riza,
– 4 defensores Sirianos : Nizar Ristnawi, miembro del Comité para la Defensa de las Libertades Democráticas y los Derechos Humanos, detenido desde el año 2005 y sobre la cual no tenemos noticias desde la sangrienta represión de un motín en la prisión de Sidanya en julio de 2008, y los tres abogados Anwar Al-Bunni, miembro fundador de la Asociación para los Derechos Humanos en Siria, Mohanad al-Hassani, presidente de la asociación "Sawasiyah", y Haytham al-Maleh, ex presidente de HRAS, víctima de actos diarios de represalias en detención,
– Firmin Yangambi, abogado y miembro del Colegio de Abogados de Kisangani, República democrática del Congo, y presidente de la ONG de apoyo a las víctimas de la guerra "Paz en la Tierra", detenido desde septiembre de 2009 y recientemente condenado a la pena de muerte.
El Congreso de la FIDH deplora la multiplicación de las represalias y de las amenazas experimentadas por los jueces que trabajan en casos relacionados con graves violaciones de los derechos humanos, y llama a los Estados de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad y permitirles llevar a cabo su misión sin impedimentos. El Congreso expresa su solidaridad con
– el juez español Garzón, víctima de hostigamiento judicial después de intentar abrir una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante la dictadura franquista,
– la fiscal peruana Cristina Olazabal perseguida por el Presidente Garcia por prevaricación después de haberle acusado de crimen de genocidio tras el masacre de Accomarca en 1985 y;
– los magistrados de la sala penal de la Corte de casación de Colombia y sus auxiliares amenazados de muerte por investigaciones que estan llevando a cabo en contra de miembros del Congreso colombiano, los cuales forman parte de la Coalición del Presidente Alvaro Uribe Velez y que estan implicados en la promoción del paramilitarismo y de sus crímenes.
El Congreso de la FIDH quiere recordar que numerosas ONGs miembros de la FIDH estan obligadas a trabajar fuera de sus países debido a la gravedad de la situación de las libertades en sus países, tal como las ligas miembros de la FIDH en China, Irán, Irak,Vietnam, Laos, Birmania, Libia y Sudan.
A la luz de las graves dificultades que enfrentan las asociaciones miembros y aliadas de la FIDH en la realización de sus actividades, el Congreso llama a los Estados a superar los obstáculos de hecho y de derecho y les pide registrar o levantar las interdicciones que enfrentan en particular
– el Centro de los defensores de los derechos humanos en Irán,
– el Centro Bahreini para los Derechos Humanos en Bahrein,
– el Centro de Jartum para los derechos humanos y el desarrollo del medio ambiente en el Sudán,
– el Consejo Nacional para las Libertades en Túnez,
la asociacion SOS-Desaparecidos en Argelia,
– el Centro Viasna en Belarús
– y la Sociedad de los Derechos Humanos de Uzbekistán en Uzbekistán.
Frente a la gravedad de esta situación, el Congreso de la FIDH llama a los Estados a respetar la Declaración sobre la protección de los defensores de los derechos humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU de 1998 y a reconocer el papel de los defensores de los derechos humanos en el fortalecimiento del estado de derecho y la lucha contra la impunidad.