Zakaria Hannache es un defensor de los derechos humanos argelino, que se encuentra procesado en Argelia desde febrero de 2022 por acusaciones espurias, entre otras, de "apología del terrorismo" y "socavar la unidad nacional", punibles hasta con 35 años de prisión, únicamente por ejercer su libertad de expresión a través de su trabajo de publicación de información y de documentación de las detenciones de personas encarceladas por motivos de conciencia.
Después de pasar varias semanas en prisión en Argelia y de que se le concediera la libertad provisional en marzo de 2022, el Hannache ha continuado siendo objeto de importantes actos de intimidación y de presión en Argelia, tras lo cual se trasladó a Túnez, en agosto de 2022. El 9 de noviembre, el Sr. Hannache se le informó que estaba convocado ante el tribunal de Sidi M’hamed, en Argel, para una audiencia relativa a su juicio. La audiencia se aplazó indefinidamente y ahora se podría celebrar en cualquier momento.
Múltiples organizaciones internacionales de derechos humanos, así como varios procedimientos especiales de las Naciones Unidas, han destacado el carácter excesivamente vago del Código Penal argelino, que supone una amenaza para el derecho a un juicio justo y el buen funcionamiento de la justicia. Concretamente, se ha hecho un uso arbitrario de la legislación antiterrorista, que se ha utilizado casi de forma sistemática desde 2021 para atacar a activistas y periodistas pacíficos/as.
En una comunicaciónhecha pública el 14 de noviembre, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos expresó su "grave preocupación" por el arresto y la detención de Hannache, así como por "los cargos que se le imputan, que parecen estar directamente relacionados con su trabajo como defensor de los derechos humanos".
Nuestras organizaciones recuerdan que, en su calidad de solicitante de asilo, Hannache está protegido por la Convención de Ginebra de 1951, su Protocolo de 1967 y por la Convención contra la Tortura de 1984, ratificada por Túnez, en virtud de la cual las autoridades están obligadas a protegerlo y a no devolverlo bajo ninguna condición, en particular teniendo en cuenta el riesgo de encarcelamiento arbitrario y de malos tratos al que está expuesto en Argelia.
En consecuencia, nuestras organizaciones exigen a las más altas autoridades tunecinas que respeten sus compromisos internacionales en materia de derecho de asilo y garanticen que las personas defensoras de los derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin obstáculos, independientemente de su nacionalidad, incluso en el marco de sus cooperaciones bilaterales en materia de seguridad.