La investigación tiene como fin específico investigar el bombardeo de Al Daraj en julio de 2002, que causó la muerte de 16 palestinos, entre los que se incluían 9 niños y de otros 6 civiles.
"Esta decisión confirmó la jurisdicción de los tribunales españoles para juzgar los crímenes más graves. Aplaudimos esta aplicación estricta del derecho internacional, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Israel por cerrar esta investigación en España. Las víctimas de los crímenes presuntamente cometidos por el ejército israelí en la franja de Gaza pueden por fin tener la esperanza de que se haga justicia", declaró Souhayr Belhassen, presidenta de la FIDH.
Esta decisión se opone a la opinión de la Fiscalía de suspender esta investigación en la que se argumentaba que Israel ya estaba investigando este ataque.
Al contrario, el Juez Andreu mantiene en el auto que "en Israel no ha existido, ni existe ningún procedimiento judicial dirigido a la investigación de los hechos denunciados". Por tanto, los tribunales españoles pueden ejercer claramente su jurisdicción, basada en el principio de jurisdicción universal y de conformidad con la Convención de Ginebra, para investigar estos crímenes, calificados de crímenes de guerra. La legislación española sobre la jurisdicción universal prevén que determinados crímenes internacionales graves, como el genocidio, el terrorismo o la tortura, puedan ser perseguidos en España, independientemente del lugar donde han sido cometidos.
Asimismo, el juez argumenta en su resolución que toda investigación de dichos hechos debería realizarse respetando la independencia del poder judicial y la separación estricta de los poderes ejecutivo y judicial y, por consiguiente, esto no se puede satisfacer mediante una investigación administrativa o interna realizada por las fuerzas de seguridad israelís.
Por último el Juez concluyó que, debido a que las autoridades judiciales israelíes no habían abierto ninguna investigación con el objeto de establecer la presunta responsabilidad penal, las víctimas "se han visto obligadas a recurrir a los tribunales españoles para que se inicie una investigación judicial".
Las autoridades políticas israelíes reaccionaron firmemente en contra de la decisión del Juez Andreu de llevar la investigación adelante. El Ministro de Defensa, Ehud Barak, expresó su intención de actuar para que el Primer Ministro español y los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores "intervengan para poner fin a la investigación".
"Es extremadamente importante que las autoridades españolas no interfieran con la independencia de la justicia", declaro Souhayr Belhassen. "Solo una investigación imparcial sobre estos hechos de julio 2002 esclarecerá la verdad sobre lo que realmente pasó y esta decisión constituye un paso fundamental en la lucha contra la impunidad y para establecer responsabilidades".
España es uno de los países a los que han recurrido las víctimas cuyos casos no han sido atendidos por el sistema judicial israelí. Las víctimas y los defensores de los Derechos Humanos han realizado denuncias similares en los EEUU, el Reino Unido, Noruega y los Países Bajos.
Contexto
El 29 de enero de 2009, el Juez Andreu, Juez de Instrucción Central número 4 de la Audiencia Nacional española, hizo valer a jurisdicción de las Cortes españolas tras haber recibido una querella sobre los crímenes cometidos en Gaza en el año 2002 de la parte de los familiares de las víctimas y los defensores de los Derechos Humanos, con el apoyo del Centro Palestino por los Derechos Humanos (PCHR). La querella alega que el bombardeo de Al-Daraj de julio de 2002, perpetrado por las Fuerzas Aéreas israelíes, constituye una violación de la Convención de Ginebra de 1949 que también podría clasificarse como un crimen contra la humanidad debido a que formaba parte de un conjunto de crímenes sistemáticos o generalizados. La investigación se dirige a siete oficiales israelíes: Benjamin Ben-Eliezer, ex ministro de Defensa y actual ministro de Fomento; Dan Halutz, comandante de las Fuerzas Aéreas israelíes en el momento de los hechos; Doron Almog, ex comandante de las Fuerzas de Defensa israelíes en Gaza; Giora Eiland, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad israelí; Michael Herzog, secretario militar del Ministro de Defensa; Moshe Yaalon, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas; y Abraham Dichter, ex Director del Shin Beth.