Con motivo del su 16ª sesión extraordinaria, celebrada en julio de 2014, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) adoptó dos resoluciones en las que condenaba los continuos abusos de los derechos humanos cometidos en Egipto. En su Resolución 287, la CADHP expresó su profunda preocupación por "el grave y rápido deterioro de la situación de los derechos humanos en Egipto desde las revueltas de 2011, y [concretamente por] las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y de malos tratos cometidos en los centros de detención, las violaciones de los derechos de los defensores de los derechos humanos, la violencia sexual contra las mujeres, las violaciones del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión y las sentencias de muerte". La Comisión insta a las autoridades a que respeten sus obligaciones en materia de derechos humanos, y para ello a que respeten el derecho a un juicio justo, garanticen el derecho a la protesta pacífica, a la libertad de asociación y de reunión, establezcan una moratoria sobre la pena de muerte y las ejecuciones e investiguen y procesen a los responsables de los abusos de los derechos humanos. En su Resolución 288, la Comisión condena concretamente la "la violencia sexual generalizada y persistente y otras formas de violencia en razón de género [...] ejercidas contra las mujeres en general y en particular contra las mujeres que ejercen su derecho a manifestarse" e insta a las autoridades a que velen por que los responsables sean llevados ante la justicia y se garantice el derecho de las víctimas a una reparación.
Ambas resoluciones se hacen eco de las recomendaciones formuladas por la FIDH en su carta abierta que dirigió a la Comisión antes de su 16ª sesión extraordinaria. Desde 2011, la FIDH ha documentado de forma regular los abusos de los derechos humanos cometidos en Egipto, entre los que se incluye la prevalencia de la violencia sexual y de género. La FIDH ha instado de manera continua a las instituciones regionales e internacionales así como a los mecanismos de derechos humanos, incluyendo la Unión Africana y la CADHP, a que tomen las medidas adecuadas para velar por que las autoridades egipcias cumplen con sus obligaciones en materia de derechos humanos.