La FIDH acoge con satisfacción de la decisión de la empresa, que evita así contribuir a las graves violaciones de los derechos humanos que se están produciendo en Birmania/Myanmar. La FIDH había advertido en repetidas ocasiones a la empresa francesa de energía de los riesgos que suponía continuar con sus actividades, en un contexto de fuerte movilización de la sociedad civil birmana e internacional, junto con la de los inversores responsables.
Esta retirada también pone de manifiesto el fracaso de la comunidad internacional, de Estados Unidos y la Unión Europea, a la hora de poner en marcha un régimen de sanciones específicas que hubiera afectado de forma importante a la Junta, incluso sancionando a Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) o impidiendo el flujo de dinero del gas hacia las cuentas bancarias de la Junta.
Hasta la fecha, ni la Unión Europea ni Estados Unidos han impuesto ninguna sanción que afecte materialmente a la capacidad financiera del ejército para adquirir armas y equipos con el fin de hacer la guerra contra su propio pueblo. Entre los aproximadamente 5.000 millones de dólares de reservas del banco central y los 2.000 a 2.500 millones de dólares de ingresos en divisas anuales –en gran parte procedentes de los sectores del petróleo y el gas, la minería y la madera–, el gobierno tiene acceso a suficientes divisas para mantener indefinidamente el gasto militar. En este contexto, los medios de comunicación rusos anunciaron recientemente un nuevo acuerdo de suministro de armas por valor de 2.300 millones de dólares al ejército de Birmania/Myanmar, que se pagó con estas reservas y flujos de divisas.
Esta retirada se produce tras el drástico empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Birmania/Myanmar. Entre el 1 de febrero y el 10 de diciembre de 2021, se han registrado al menos 7.053 ataques contra civiles o enfrentamientos armados en nos que no se los protegió, lo que supone un aumento del 664% respecto al mismo periodo de 2020, mientras que se ha desplazado a cientos de miles de personas. Hasta el 31 de diciembre, la Junta había matado al menos a 1.384 personas y había detenido al menos a 11.289 políticos, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras personas implicadas en la disidencia supuesta o real. Los tribunales de la junta dictaron las primeras sentencias contra la consejera de Estado Aung San Suu Kyi y el presidente Win Myint; cientos de miembros de la Liga Nacional para la Democracia (LND) continúan detenidos, algunos de los cuales al parecer han sido sometidos a torturas.
La FIDH espera que la retirada de estas empresas se lleve a cabo de forma responsable, con la debida diligencia transparente y adecuada para mitigar los riesgos y prevenir los impactos negativos sobre los derechos humanos que se puedan derivar de la retirada de sus operaciones en Birmania/Myanmar. Además, deben mantener un diálogo significativo con las partes interesadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil de Birmania/Myanmar y las personas trabajadoras, sobre todo durante el periodo de preaviso de seis meses previsto en sus contratos.
La FIDH también espera que la Unión Europea y Estados Unidos tomen nota de la señal que han transmitido sus principales operadores de petróleo y gas y adopten sin demora nuevas sanciones. Concretamente, se deberían imponer sanciones contra el Banco Central de Myanmar –que es, con diferencia, la principal fuente de divisas de la Junta–; el Banco de Comercio Exterior de Myanmar (MFTB), que actúa como tesorería de las divisas del Gobierno de Birmania/Myanmar; la empresa estatal Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), que es el operador de la exploración y producción de petróleo y gas en Myanmar; la Mining Enterprise No. 1 (ME1), y la Mining Enterprise No. 2, que gestionan y recaudan los royalties y las cuotas de producción.