10 de agosto de 2023. El 10 de agosto de 2013, Adilur Rahman Khan, secretario de Odhikar y destacado activista de derechos humanos, fue detenido arbitrariamente después de que el grupo publicara un informe de investigación sobre ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza para dispersar una protesta en Bangladesh. Khan permaneció en paradero desconocido durante varias horas hasta que la policía presentó una denuncia contra él en virtud de la Ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación de 2006 (Ley TIC), una ley considerada tan draconiana que algunas de sus disposiciones fueron sustituidas por el gobierno en 2018, cuando se aprobó la Ley de Seguridad Digital.
Khan permaneció bajo custodia 62 días, mientras que Elan, que fue detenido más tarde, estuvo bajo custodia 25 días. Ambos fueron puestos en libertad bajo fianza.
Diez años después, Khan y Elan siguen procesados por acusaciones inventadas de publicar material “falso, distorsionado y difamatorio”. Sus abogados han denunciado acoso judicial en el Tribunal de Delitos Informáticos de Dhaka, afirmando que ha favorecido indebidamente a la acusación. Personal del gobierno, incluso algunos altos cargos del gabinete, han criticado reiterada y públicamente a Odhikar por su labor en favor de los derechos humanos.
Tras años de estancamiento, el gobierno aceleró las vistas de su caso, especialmente tras el establecimiento de sanciones estadounidenses contra el abusivo Batallón de Acción Rápida (RAB, por sus siglas en inglés) del país y sus miembros en diciembre de 2021, que las autoridades bangladesíes achacan a la influencia de grupos de derechos humanos como Odhikar. Khan y Elan han comparecido en todas las vistas programadas en el Tribunal de Delitos Informáticos, en las que a veces se les ha obligado a permanecer de pie en jaulas.
Finalmente, el juez dio por concluido el interrogatorio de testigos el 5 de abril de 2023, aunque posteriormente permitió a la fiscalía presentar una solicitud de investigación adicional sin especificar qué componente del caso sería objeto de la misma. El juez desestimó las objeciones de la defensa de Odhikar contra la continuación de la investigación tras el cierre del interrogatorio de los testigos y escribió en su auto que la decisión se tomó con el consentimiento de ambas partes. En esta ocasión, el juez también ordenó a tres observadores/as internacionales de las misiones de Suiza, la ONU y Estados Unidos que abandonaran el tribunal sin dar explicaciones.
El encargo al Departamento de Investigación Criminal (CID) de llevar a cabo una “investigación adicional” tras el anuncio del cierre del interrogatorio de los testigos de cargo sin una razón válida suscita inquietud acerca de las garantías procesales.
El informe de la investigación del CID se presentó ante el Tribunal Metropolitano el 22 de junio. Khan y Elan comparecieron ante el tribunal el 9 de julio, como estaba previsto, pero se les informó de que el Tribunal de Delitos Informáticos aún no había recibido el expediente actualizado del caso. Al día siguiente, se enteraron de que el Tribunal de Delitos Informáticos había fijado el 17 de julio como fecha de la siguiente vista para interrogar a los nuevos testigos identificados en las nuevas investigaciones del CID. Khan y Elan no recibieron una copia del informe de las nuevas investigaciones hasta el 16 de julio, y los nuevos testigos de cargo se presentaron ante el tribunal los días 17 y 20 de julio, sin que la defensa dispusiera de tiempo suficiente para preparar el contrainterrogatorio. Estas decisiones han puesto en entredicho la imparcialidad del juicio, ya que, entre otras cosas, han obstaculizado especialmente el derecho a disponer de tiempo y medios adecuados para preparar la defensa.
Diez años después del secuestro de Khan, se escucharán los alegatos finales en el caso de Khan y Elan, y su condena de hasta diez años de prisión si son declarados culpables es inminente. A lo largo de este caso, que ha servido para criticar continuamente su labor en favor de los derechos humanos, se les ha negado su derecho a un juicio justo y han sido demonizados por el gobierno. Apoyamos a estos dos valientes defensores de los derechos humanos e instamos al gobierno de Bangladesh a que retire inmediata e incondicionalmente todos los cargos contra ellos. Recordamos al gobierno que quienes trabajan para documentar y denunciar violaciones de derechos humanos deben poder llevar a cabo su importante labor sin temor a sufrir acoso, intimidación y represalias.