Esta crisis, que ha tenido como antecedentes diversas acciones realizadas por el Congreso de la República del Perú para acabar con el gobierno del electo Pedro Castillo, que van desde el desconocimiento de su triunfo electoral, pasando por diversos intentos de vacancia (destitución) utilizando el argumento de “incapacidad moral permanente” y la modificación irregular de la constitución que terminó en un desbalance de poderes.
Por su parte, Pedro Castillo ha sido involucrado en diversas actuaciones irregulares que están siendo investigadas por la Fiscalía de la Nación como delitos de corrupción, las mismas que aún no son motivo de acusaciones formales.
El 7 de diciembre último, el Congreso de la República del Perú debía escuchar al presidente Castillo en el marco de un nuevo intento de vacancia presidencial; sin embargo, ese día el presidente dio un mensaje a la nación disponiendo la disolución del Congreso, así como declarando el estado de excepción y la reorganización de las estructuras de justicia, hecho de por si deplorable en la medida que rompe con el estado de derecho.
La alocución presidencial fue rechazada por las principales instituciones peruanas, como el Poder Judicial, Defensoría del pueblo, Tribunal Constitucional, Ministerio Público y las fuerzas armadas y policiales.
Pocas horas después de este anuncio, el Congreso aprobó una nueva acusación por la que se votó la vacancia presidencial, sin haberlo escuchado, como lo ordena la Constitución. Castillo fue detenido por su propia guardia de seguridad y recluido en una cárcel publica con un mandato de detención preliminar de 7 días.
La vulneración al debido proceso de Pedro Castillo es deplorable y no soluciona la crisis política, sino que la agudiza. La población requiere cambios políticos y de contrato social, lo que ha sido puesto en evidencia en los últimos estallidos de protesta social en diversas zonas del país, que rechazan al Congreso del Perú.
Por ello desde las Américas y el Caribe, las organizaciones firmantes invocamos que se consense una salida con reformas políticas sustantivas de cara a la población y se escuche la voz del pueblo que clama una nueva clase política que se plasmaría en nuevas elecciones, proceso que debe ser acompañado por las Naciones Unidas y otras instancias interamericanas.
Por último, exigimos que se respete la integridad física y psicológica de Pedro Castillo, así como la vida e integridad de todas las personas que ejercen su derecho a la protesta social.