Más de 300 asesinatos, 2.000 heridos, al menos 300 personas, incluidos defensores de derechos humanos, acusados de delitos graves incluso de terrorismo y 23.000 solicitudes de asilo en Costa Rica, en los últimos 4 meses, son solo algunas de las graves cifras esbozadas en el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas – OACNUDH y que demuestran la magnitud y gravedad de los hechos para la población de Nicaragua y a sus vecinos. Como resultado de esta alerta, un día después de la publicación del informe la OACNUDH es expulsada del país.
"La expulsión de Nicaragua de la misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas por parte del gobierno, es una afrenta a la Comunidad Internacional. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe ejercer su influencia para asegurar que esta misión pueda volver al país y continuar su trabajo de evaluación de la situación de Derechos Humanos."
El Informe de la OACNUDH da cuenta de numerosas violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, pero también pone de manifiesto una disfuncionalidad de la institucionalidad en Nicaragua, como el uso desproporcionado de la fuerza por la policía, la utilización de grupos armados progubernamentales con la aprobación del gobierno, fallas en la investigación de los asesinatos y en la identificación y judicialización de los presuntos responsables, sumado a una ausencia de falta de independencia del poder judicial e irregularidades respecto al Ministerio Publico y el Instituto de Medicina Legal, entre otros hallazgos.
En ese sentido, las conclusiones y recomendaciones del Informe de la OACNUDH son una herramienta fundamental para orientar las acciones que debe tomar el gobierno de Nicaragua, y también la comunidad internacional. En un país con una clara fractura del Estado de derecho y una debilidad institucional como el de Nicaragua, es esencial garantizar la continuidad del trabajo de la OACNUDH para enfrentar la crisis de derechos humanos del país.
Para la FIDH la expulsión de la OACNUDH es una señal clara de la intención del gobierno nicaragüense de no dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales, ni de dar seguimiento a la vía propuesta por el organismo internacional previsto para ello. Razón por la cual, la intervención del Consejo de Seguridad para garantizar la paz y seguridad en esta situación es necesaria.
La FIDH ha dado seguimiento a la situación del País denunciando los graves hechos de represión por parte del Gobierno de Daniel Ortega y acompañando a su organización miembro en Nicaragua el Centro Nicaraguense de Derechos Humanos CENIDH.