El informe mencionado es producto de una misión internacional enviada por el Observatorio a Colombia para evaluar la situación de los defensores de derechos humanos, durante el periodo comprendido entre 2002-2006, y realizada por el Sr. Roberto Garretón, abogado chileno y el Sr Luis Fernando Martínez, Magistrado Juez español, en noviembre de 2006 con visitas a las ciudades de Bogotá D.C. y Arauca.
La misión considera que la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia continuo siendo, durante el periodo examinado, de especial gravedad. Los defensores son sujetos pasivos de serias violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, consistentes en asesinatos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, agresiones sexuales, torturas, amenazas, desplazamientos forzados, señalamientos, detenciones y judicializaciones de escaso o nulo fundamento, destrucción de sedes de ONG, ataques a las sedes con sustracción de documentación y material informático, y otras vulneraciones graves de los derechos humanos. Los sujetos activos de estos hechos han sido organismos del Estado, también los grupos paramilitares afines o que se relacionan con él, y los grupos guerrilleros que operan en el país. Estos hechos son consecuencia de la falta de vigencia de un "espacio contextual" que debe configurarse con diálogos y hechos estimulantes, con respuestas institucionales apropiadas para proteger una función de tanta dignidad, valentía y consistencia como la de ser el defensor de los derechos humanos de terceros.
Los procesos de desmovilización de las organizaciones paramilitares realizados en los últimos años, contrariamente a lo que sostienen las más altas autoridades del país no han logrado ni la pacificación del país, ni una mayor protección de los derechos humanos. Los grupos paramilitares aparecen, en ocasiones bajo nuevos nombres, actuando especialmente contra los defensores de los derechos humanos que denuncian los crímenes que estos siguen cometiendo en amplias zonas del país. La Misión no puede compartir el juicio de que se trataría sólo de organizaciones delincuenciales, y menos la premisa de que -de serlo- no se les combata con todo el rigor necesario.
El discurso oficial de las más altas autoridades del Estado colombiano sobre los defensores de derechos humanos es, cuando menos, contradictorio. Generalmente es descalificador y agresivo. Así, en el periodo 2002-2006 hubo reiteradas declaraciones públicas del propio Presidente de la República y de otras altas personalidades, en las que se señala a organizaciones de defensa de los derechos humanos de estar relacionados o próximos con la guerrilla y en contra de la política gubernamental de "seguridad democrática". Sin embargo, a pesar de esto algunos documentos oficiales reconocen la trascendental misión que realizan los defensores de los derechos humanos y su participación en espacios de concertación de política pública en las materias que les son propias, subrayando los esfuerzos realizados en la adopción de medidas preventivas y protectivas ante situaciones de riesgo.
A pesar de esto último, la misión no duda que los discursos descalificadores causan, por una parte, inseguridad en los defensores y líderes sociales; y, por la otra, alientan a las siempre vigentes organizaciones paramilitares en sus propósitos criminales. Ante la situación de conflicto armado, los defensores necesitan del apoyo sin fisuras de todas las instituciones de un Estado social y democrático de derecho que garantice su seguridad.
Las políticas y programas públicos de prevención y protección de la seguridad de los defensores de derechos humanos se han revelado claramente insuficientes. Dos clases de carencias los afectan: las limitaciones económicas, pese a los esfuerzos presupuestarios de los últimos años; y, fundamentalmente, la participación en la toma de decisiones de organismos del Estado algunos de cuyos miembros han sido imputados, e incluso condenados, por participar en graves violaciones de los derechos humanos y/o por su conexión con organizaciones paramilitares.
La impunidad de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas contra defensores no ha sido superada. Medidas legislativas como la Ley de Justicia y Paz no han constituido soluciones eficaces para conocer la verdad sobre los graves crímenes que se imputan a quienes se han acogido a dicha Ley. La impunidad no permite que se proceda a la justa reparación de los gravísimos perjuicios ocasionados a las víctimas y trasmite a la sociedad la experiencia de que el crimen produce siempre beneficios y que las víctimas nunca ven resarcidos los daños sufridos.
Por lo anterior, es evidente la necesidad de suprimir los efectos devastadores de la impunidad en la sociedad, y la necesidad de políticas destinadas a fortalecer la Administración de Justicia, incrementando los medios a su disposición, sus garantías de independencia y su profesionalización. Estas políticas deben necesariamente incluir al Poder Judicial -tanto en sus ramas civil como militar-, a la Fiscalía General de la Nación y a todos los demás operadores jurídicos.
El Observatorio, con fundamento en lo estudiado y documentado durante la Misión, urge:
al Gobierno de la República de Colombia a cumplir las siguientes recomendaciones que emanan del mencionado informe:
– Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución sobre Defensores de los Derechos Humanos en las Américas (AG de la OEA, junio de 1999) y por las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacadas en su "Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas" (marzo 2006).
– Acelerar y terminar el proceso de depuración de la infiltración paramilitar en todas las ramas del poder público ya iniciado por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. El Observatorio considera que de esta forma se refuerza la credibilidad del Estado colombiano y su capacidad de proteger más eficazmente el trabajo que realizan los defensores.
– Adoptar políticas públicas para hacer efectivas las recomendaciones de la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos, hechas en su informe de Misión a Colombia (23 a 31 de octubre de 2001) y que siguen vigentes.
– Asumir las provisiones de la Declaración sobre los defensores de derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU, el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona "(...) individual o colectivamente, a promover la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional y a esforzarse por ellos" (art.1), en lo relativo al deber del Estado de garantizar "la protección de toda persona, individual o colectivamnete, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativo de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración"(...) individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales, en concordancia con el artículo 3 de la presente Declaración" (art.13); así como los instrumentos regionales e internacionales relativos a los derechos humanos suscritos por Colombia.
A la CIDH, a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y a su Oficina en Colombia, a la Relatora especial sobre Defensores de Naciones Unidas, a los Relatores sobre libertad de expresión y opinión, sobre la independencia del Poder Judicial, jueces, Fiscales y Abogados de las Naciones Unidas y al Relator especial sobre la libertad de expresión ante el sistema interamericano:
– A tener especial vigilancia sobre la situación de amenaza e inseguridad en que viven los defensores de derechos humanos en Colombia y sobre la persistente impunidad en que quedan las amenazas y violaciones a los derechos humanos cometidas en su contra.
A la Unión Europea:
– A seguir de cerca la situación de los derechos humanos en Colombia, adoptando las medidas de condena de las violaciones de estos derechos, y a prestar una atención particular a la protección de los defensores de derechos humanos de conformidad con las Directrices europeas sobre los defensores de derechos humanos.