El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), expresa su extrema preocupación por las recientes declaraciones dadas por la Presidencia de la República de Colombia desacreditando a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los defensores de derechos humanos.
En efecto, el 17 de octubre de 2007, el Presidente Uribe declaró delante de jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en el marco del XXXI Período Extraordinario de Sesiones que éstos desarrollaron en Bogotá, del 17 al 20 de octubre, que "cada vez que las guerrillas y sus áulicos sienten que se les puede derrotar, el recurso al cual apelan es la denuncia de violación de derechos humanos". Estas declaraciones dadas por el Presidente Uribe, desacreditando las actividades de defensa de los derechos humanos, podrían constituir un nuevo riesgo para todos los defensores de derechos humanos en Colombia, y son por tanto muy preocupantes, además de que se suman a otras expresiones de descrédito presidencial contra los defensores, realizadas durante diferentes eventos, por ejemplo, cuando, ante la reunión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo, el 10 de febrero de 2004, afirmó que : «no se puede utilizar el tema de los derechos humanos como excusa para dar cobertura a los terroristas»1.
Por otra parte, el 8 de octubre de 2007, la Presidencia de la República había acusado a la Fiscalía de Antioquia de corrupción, después de que durante una reunión realizada el 4 de octubre de 2007 entre la mencionada Fiscalía de Antoquia y el Sr. José Orlando Moncada Zapata, alias ’Tasmania’, un paramilitar encarcelado, el Sr. Zapata acusó al Presidente Uribe Vélez y a otros ciudadanos como autores intelectuales del atentado contra el paramilitar Alcides de Jesús Durango, en hechos ocurridos en 2003.
Para defenderse de esa acusación de implicación en el atentado, el Presidente de la República afirmó en un comunicado de prensa del 8 de octubre de 2007, haber recibido una carta del paramilitar Sr. Moncada Zapata, en la cual este último acusaría a funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía de Antioquia y delegados de la Corte Suprema de Justicia, "de haber contactado al Sr. Zapata para que acusara al Presidente y a otras personas, a cambio de la obtención de beneficios".
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Sr. Cesar Julio Valencia, recusó las acusaciones de la Presidencia de la República y afirmó que constituían un intento de obstrucción a la acción de la justicia en el marco de la investigación que se lleva a cabo en éstos momentos en torno a la "para-política", o sea sobre a los presuntos vínculos existentes entre paramilitares y cerca de 30 congresistas de grupos políticos pro-Uribe.
El Observatorio manifiesta su grave preocupación frente a lo que considera como ataques a la justicia colombiana y a la sociedad civil, a la vez que comparte la necesidad de desaprobar cualquier injerencia en el normal desarrollo de las investigaciones en curso, que desconozca abiertamente el mandato constitucional de la independencia de los jueces de la República.
El Observatorio urge al gobierno y a todas las autoridades colombianas a que garanticen la independencia del poder judicial y a que cumplan con su compromiso de proteger los defensores de derechos humanos tal como está previsto en la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona "individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos" (Art.1), así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar "la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración" (Art.12.2).
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