La dictadura argentina llevó adelante un plan de desaparición de personas entre 1976 y 1983. Las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas no fueron las únicas responsables del derramamiento de sangre, sino que contaron con civiles que jugaron un papel clave en la identificación de los opositores, facilitando su secuestro, tortura y asesinato. El proceso de justicia en la Argentina investiga también la responsabilidad de los empresarios en los crímenes de la dictadura, no como hechos aislados sino como parte de un plan sistemático, dirigido desde las altas esferas del gobierno de facto y las cúpulas empresariales para reducir el poder de los trabajadores organizados y transformar el modelo económico del país.
El 15 de septiembre de 2014, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fue aceptado como querellante por un tribunal federal en la investigación sobre el papel del directorio y el personal jerárquico de la empresa Molinos Río de la Plata SA en la desaparición de 26 personas –la gran mayoría de ellos activistas sindicales en una de las plantas de la firma–. Entre las víctimas hay una niña que fue apropiada ilegalmente cuando sus padres fueron secuestrados y cuyo paradero se desconoce hasta hoy.
El CELS trabaja desde su fundación en 1979 por la rendición de cuentas sobre los crímenes contra la humanidad. La investigación de la complicidad empresarial en estos delitos es crucial para la memoria colectiva, la verdad y la justicia. La última dictadura militar perpetró las peores violaciones a los derechos de la historia argentina, y afectó a decenas de miles de personas.
Esta causa se centra en la desaparición forzada de activistas sindicales y ex trabajadores de Molinos Río de la Plata entre julio de 1976 y octubre de 1978. En ese momento, la compañía de alimentos pertenecía a la firma Bunge & Born, comprada más adelante por Bunge Argentina, parte del gigante de la agroindustria mundial Bunge.
Uno de los operativos de secuestro más relevantes ocurrió la mañana del 7 de julio de 1976 cuando muchos empleados llegaron a trabajar, fueron secuestrados y llevados en camiones del Ejército. Según los testigos, los funcionarios militares utilizaron listas proporcionadas por la empresa para decidir a quién detener.
En el transcurso de dos años, otros trabajadores y ex empleados de Molinos fueron privados ilegalmente de su libertad, sacados de sus casas o secuestrados a la luz del día y llevados a centros clandestinos de detención.
“Sus secuestros, torturas y desapariciones, luego del golpe cívico-militar, a manos de las FFAA y de seguridad, contaron con la directa complicidad de integrantes de la empresa, quienes en principio habrían entregado las identidades y domicilios de los empleados más activos para que se lleven a cabo esos delitos. Debemos enfatizar que las desapariciones se encuentran directamente asociadas a la disputa por sus derechos laborales y su activismo gremial, que sin duda y como en tantos otros casos similares, implicaban un fuerte obstáculo para los empresarios”, dijo el CELS en su denuncia penal, presentada ante un tribunal federal de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.
En los años previos al golpe militar, los activistas sindicales de la planta de Molinos –ubicada en Avellaneda, partido limítrofe a la Capital Federal– realizaron numerosas huelgas para presionar por mejores condiciones de trabajo. “Estaban decididos a reclamar no sólo por sus derechos laborales sino también a limitar aquellas maniobras de la empresa que condicionaban el funcionamiento de la economía en su calidad de formadora de precios y que de esa forma ocasionaban perjuicios en los intereses de la población”, dice el texto presentado ante tribunal.
El CELS ha participado en otras investigaciones judiciales en Argentina que tienen por objetivo aclarar el alcance de la responsabilidad empresaria en crímenes de la dictadura. La organización es querellante en la causa que examina el papel jugado por los ejecutivos de Mercedes-Benz en la desaparición de decenas de trabajadores. También oficia como amicus curiae en un caso que involucra al directorio de la empresa azucarera Ledesma, acusado de proporcionar vehículos a los militares para secuestrar a algunos de sus empleados.
Por otra parte, tres ex funcionarios de Ford Motor Company en Argentina fueron procesados por el secuestro de 24 trabajadores entre marzo y agosto de 1976. Según la resolución, entregaron a los militares los datos de sus empleados, junto con fotografías y domicilios personales, para que fueran secuestrados y, en algunos casos, torturados en el interior del predio de esa fábrica.
Estas investigaciones son parte de un movimiento global que procura develar la responsabilidad empresaria en las violaciones de derechos humanos. En los últimos años, casos como los ocurridos en Kenia, Liberia, Sierra Leona, Sudáfrica, Brasil y Colombia –en donde se han desarrollado o se encuentran en curso procesos de justicia transicional– permitieron dimensionar el importante papel que juegan los agentes económicos en el contexto de los conflictos armados y regímenes autoritarios.