En 2001 todavía se tenía esperanza. La organización del
34° Congreso de la FIDH en Casablanca se celebraba por
primera vez en esa región y formaba parte de una
dinámica. El espíritu de los años 90 seguía presente, el que
gracias a la caída del muro de Berlín y a la multiplicación
de los procesos de transición, había permitido una fecunda
agitación de la lucha por los derechos humanos.
A pesar de la persistencia de regímenes despóticos,
la agravación de las desigualdades, la impunidad de los
verdugos y el desprecio por las víctimas de sus crímenes,
se podían ver signos alentadores visibles: opiniones
públicas cada vez más movilizadas en contra de las
injusticias, el movimiento internacional de derechos
humanos reforzado por el dinamismo de las ONG
nacionales conquistando la libertad de actuar. Los derechos
humanos que estaban presentes como nunca en las
relaciones internacionales e inclusive las económicas...
Con los atentados del 11 de septiembre de 2001 y
la contraofensiva de la administración Bush el choque ha
sido muy duro. Los temores manifestados desde esa época
por la FIDH desgraciadamente han confirmado en 2002 y
2003 el rápido aumento de la arbitrariedad. Los ideólogos,
proselitistas y sanguinarios han encontrado eco en la acción
de la primera potencia mundial, respondiendo a la profunda
herida de su pueblo con un nacionalismo expansionista,
brutal y arbitrario. El bien, el mal e incluso el recurso ilegal a
la fuerza, a la mentira y el oportunismo son "conceptos" y
métodos básicos actuales de la política exterior
norteamericana. La base norteamericana de Guantánamo, la
prisión de Abu Graib, la intervención norteamericana en
Afganistán y en Iraq simbolizan la perversión: ahora el fin
justifica los medios, las obligaciones internacionales
contraídas se abandonan ante los imperativos relativos
a la seguridad.
El método no es nuevo pero desde fines de 2001 alcanza
cotas jamás vistas. De Putín en Chechenia a Sharon en
Palestina, muchos dirigentes instrumentalizan
oportunamente la causa antiterrorista para justificar
crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o
violaciones de los derechos humanos. Europa no anda a la
zaga mientrás que los países del sur penetran en esa brecha.
Ante el aumento de este nuevo y peligroso desorden
mundial, la FIDH ha seguido fiel a sus principios
fundamentales: las normas universales de los derechos
humanos constituyen el único cimiento posible de
organización de las sociedades, locales e internacionales,
con el respeto a la dignidad y a la igualdad para todos.
"Todos los derechos humanos para todos", es algo más que
un eslogan, es un programa de acción.
Luchar contra la impunidad representa el objetivo más
urgente: los responsables de violaciones masivas de los
derechos humanos tienen que enfrentarse con sus jueces,
trátese de estados, de multinacionales o de criminales
individuales. No cumplir con esta obligación sería como
fomentar el desarrollo de los extremismos más
disparatados utilizando el mantillo de la miseria y del
terror. En estas condiciones, la entrada en vigencia, el
1ro de julio de 2002, del tratado de Roma que instituía la Corte Penal Internacional ha sido casi un milagro,
resurgencia del decenio pasado. Constituye una inmensa
victoria para la FIDH que siempre estuvo empeñada en este
proyecto. Por primera vez se ha instituido un sistema
internacional basado en la subsidiariedad de la Corte con
miras a sancionar la responsabilidad penal individual de los
autores de crímenes internacionales más graves,
independientemente de la función o de la calidad oficial del
autor. Desde esa época, la FIDH ha adaptado su estrategia
para propiciar la utilización de este sistema por parte de
las ONG y la participación de las víctimas en los futuros
procedimientos - una posibilidad sin precedentes.
A principios de 2003 la FIDH envió a la Corte sus primeras
denuncias sobre la situación en la República centroafricana
y en la República Democrática del Congo.
Porque la defensa de los derechos humanos es cada vez
más difícil en todas partes, que las ONG independientes
son el blanco de ataques, y que el movimiento social se
criminaliza en muchos estados, el 10 de octubre de 2003
marca para la FIDH otra gran victoria: la atribución del
Premio Nobel de la paz a Shirin Ebadi, lo que consagra la
pertinencia y enfatiza la urgencia de nuestra movilización.
Para todos los defensores de los derechos humanos en
dificultad (¡y es el caso en 80 estados!) este reconocimiento
no podía caer mejor.
El 35to Congreso de la FIDH, realizado en Quito en marzo
de 2004, confirmó el desarrollo de nuestro movimiento,
que pasa de 116 a 141 organizaciones federadas. Esto si
bien es un signo del dinamismo de la FIDH también lo es
de la necesidad de nuestro combate: las ligas y
asociaciones miembros de la FIDH, originarias de todas las
regiones del mundo, agrupan todos los medios sociales,
todas las expresiones culturales y han recalcado
firmemente nuestras prioridades. El terrorismo sólo se
puede combatir eficazmente en y por el respeto a los
derechos humanos. La libertad de sus defensores para
actuar, asociarse, expresarse se debe garantizar en
cualquier circunstancia. La lucha contra la impunidad, y a
favor de la consolidación y la utilización de sus
instrumentos es lo esencial de nuestras movilizaciones en
todos los ámbitos. Las desigualdades y las injusticias
provocadas por una globalización económica desenfrenada
exigen respuestas imperativas: los derechos humanos
deben primar sobre el derecho comercial internacional,
los derechos económicos, sociales y culturales deben
garantizarse con una justiciabilidad efectiva, los agentes
económicos deben sancionarse cuando violan los
derechos humanos.
Fundamentalmente la urgencia en todos estos ámbitos es
la misma: la ley del más fuerte debe ceder ante los
derechos de cada uno, la fuerza del derecho debe
prevalecer sobre el derecho de la fuerza. En este periodo
trastornado e incierto el desafío es ingente.
¡Nos incumbe demostrar que otro mundo es posible!