Las revelaciones del medio de investigación Disclose (FR) publicadas el domingo 21 y el martes 23 de noviembre, si se confirman, exigen una aclaración inmediata del gobierno francés y medidas contundentes para establecer responsabilidades. Los artículos detallan la duplicidad del Estado francés en sus exportaciones militares, y más ampliamente su relación con las potencias totalitarias, bajo una nueva luz.
Comprometida en una asociación reiteradamente denunciada por la FIDH, la LDH y varias organizaciones de derechos humanos, desde que Abdel Fattah al-Sissi tomó el poder en 2013, Francia ha contribuido a la represión ciega de la población civil mediante su apoyo incondicional al régimen egipcio, con pleno conocimiento de causa.
Las investigaciones detallan cómo El Cairo utiliza la información proporcionada por el Estado francés, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo, para atacar a los civiles. Se trataría de pequeños traficantes transfronterizos con Libia, eliminados mediante bombardeos y sin ninguna otra forma de juicio: estas ejecuciones "informales" se contarían por decenas. Esta situación se ha mantenido desde el quinquenio de Hollande hasta hoy, a pesar de las alertas de los servicios franceses a los distintos gobiernos, dice Disclose.
La segunda parte de las revelaciones, publicadas el martes 23 de noviembre en colaboración con Telerama, confirma que un amplio abanico de empresas francesas han vendido efectivamente a Egipto herramientas de vigilancia individual, interceptación masiva o recogida de datos. Se trata de información previamente expuesta en el informe "Una represión made in France" (FR), publicado por la LDH y la FIDH en julio de 2018.
A raíz de las iniciativas del grupo de acción judicial de la FIDH, la empresa Nexa Technologies y cuatro de sus ejecutivos fueron así, durante el verano de 2021, acusados por la unidad especializada en crímenes contra la humanidad, crímenes y crímenes de guerra del Tribunal Judicial de París.
Para completar la paleta represiva, descubrimos ahora, a reserva de confirmación, que Dassault Système habría exportado Exalead, un motor de búsqueda que permite cruzar diferentes bases de datos por cuenta del MID, el temido servicio de inteligencia del régimen egipcio. Sin la aprobación de la Unidad de Productos de Doble Uso (DUG), una autoridad de control gubernamental cuya misión es garantizar que las tecnologías vendidas a países no europeos no se desvíen de su uso previsto para cometer violaciones a los derechos humanos, la venta de este programa espía no habría sido posible. El resultado final es la persecución, el secuestro, la tortura y posiblemente incluso la ejecución de civiles cuyos compromisos no convienen a las autoridades egipcias.
La gravedad de los hechos denunciados podría llevar a acusar a Francia de ayudar a otro Estado a violar el derecho internacional. Esto pone de manifiesto la falta de control parlamentario de la acción del Gobierno, como exigiría el espíritu de la Constitución. Esta información nos recuerda la importancia de la creación de una comisión de investigación parlamentaria para esclarecer el posible compromiso de los servicios franceses con la dictadura de Al-Sissi, que posiblemente haya dado lugar a actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, una petición en la que han insistido la FIDH y varias ONG desde 2018. En términos más generales, la FIDH y la LDH piden la creación de un órgano de control parlamentario permanente, tanto a priori como a posteriori, de las exportaciones de material militar y de segundo uso concedidas por el ejecutivo. De acuerdo con los compromisos asumidos por Francia en el marco del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (TCA) de 2014 y de la Posición Común de la Unión Europea de 2008, el objetivo es evitar el desvío de estos equipos para violar los derechos humanos o alimentar conflictos, como es el caso de Yemen.
La FIDH y sus organizaciones asociadas piden, por último, que el gobierno francés permita a la justicia investigar a fondo estas nuevas revelaciones, sin obstaculizar a los jueces e investigadores que intentan esclarecer la posible complicidad de las empresas francesas.