Para más información, consulte el documento de preguntas y respuestas. (EN)
Estas acusaciones surgen de dos demandas distintas presentadas por la FIDH (EN) y la Liga de los Derechos Humanos (LDH) de Francia, que denunciaron a las empresas por vender tecnología de vigilancia al régimen libio de Muamar al Gadafi (en 2007) y al régimen egipcio de Abdulfatah al Sisi (en 2014).
"Se trata de un gran paso adelante. Significa que lo que vemos todos los días sobre el terreno –es decir, los vínculos entre la actividad de estas empresas de vigilancia y las violaciones de los derechos humanos– se puede tipificar como delito y dar lugar a imputaciones por complicidad."
El 19 de octubre de 2011, nuestras organizaciones presentaron una primera demanda (EN) contra Amesys tras las revelaciones publicadas en el Wall Street Journal y en WikiLeaks. En 2013, la FIDH acompañó a víctimas libias del régimen de Gadafi que declararon ante el tribunal sobre la forma en que se las había identificado y posteriormente detenido y torturado, tras haber sido sometidas a vigilancia por los servicios de seguridad libios.
El 9 de noviembre de 2017, la FIDH y la LDH, con el apoyo del Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo, interpusieron una demanda (EN) ante la unidad de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra de la Fiscalía de París, sobre la participación de esta misma empresa (que posteriormente ha pasado a llamarse Nexa Technologies) en las operaciones represivas llevadas a cabo por el régimen de al Sisi a través de la venta de equipos de vigilancia. Esta solicitud de apertura de una nueva investigación sobre complicidad en tortura y de desapariciones forzadas cometidas en Egipto se produjo tras las revelaciones del periódico francés Télerama en julio de 2017, según las cuales la empresa Amesys habría “cambiado de nombre y de accionistas para ofrecer sus servicios al nuevo gobierno egipcio, sin que el Estado francés se opusiera.”
En mayo de 2017, se declaró a Amesys parte investigada (témoin assisté) [1]. por complicidad en actos de tortura cometidos en Libia entre 2007 y 2011.
Desde entonces, nuestras organizaciones y las partes civiles que tuvieron el valor de declarar ante la justicia francesa han estado esperando la evolución de estos casos y han expresado en repetidas ocasiones su incomprensión por la lentitud de los avances.
"Esperamos que continúe esta ansiada aceleración del proceso y que las autoridades francesas se comprometan firmemente a tomar todas las medidas necesarias para impedir la exportación de tecnologías de vigilancia de doble uso a países que cometen graves violaciones de los derechos humanos. Este caso muestra que hasta ahora no ha sido así."